📸 Imagen cortesía D.R.A
**¿Justicia en la mira tras el magnicidio de Uribe Turbay?**
Un silencio pesado cubrió Bogotá, el 21 de octubre de 2025, cuando un juez penal especializado sentenció a Carlos Eduardo Mora González a 21 años de prisión por su papel decisivo en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido meses atrás en el barrio Modelia.
En la madrugada del 7 de junio, en plena calma del occidente bogotano, una violencia calculada truncó la vida de Uribe Turbay. Mora González, conductor de plataformas digitales de transporte y pieza clave de una red dedicada al narcomenudeo y homicidios selectivos, no solo reconoció el lugar del crimen sino que facilitó logística esencial, incluida la entrega del arma de fuego a un menor de edad, autor material del disparo fatal. Su confesión, plasmada en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, evidencia la entraña criminal desde dentro: recibió cinco millones de pesos para participar en el atentado, además de transportar armas y drogas para esta estructura ilícita.
Este fallo no solo atribuye responsabilidad a Mora en cargos graves, desde homicidio agravado hasta concierto para delinquir y porte ilegal de armas, sino que también refleja la complejidad que ha entorno al crimen político más resonante de este año en Colombia. La sentencia, todavía en espera de ser plenamente leída en marzo de 2026, supone un paso crucial en la búsqueda de justicia frente a un entramado criminal que no dudó en atacar la democracia desde sus entrañas.
La Unidad de Vida encabezó la investigación, buscando aclarar no solo el ¿qué? y el ¿quién? sino el ¿por qué?, dejando al descubierto un panorama donde violencia y política se entrelazan con intereses oscuros y movilidad urbana servil a la criminalidad. ¿Podrá la justicia avanzar entre tantas sombras, o quedará esta condena como un pálido intento frente a la impunidad estructural?
Mientras tanto, Bogotá observa, con la esperanza intacta, que esta condena represente un antes y un después en la lucha contra la violación de los derechos políticos y humanos en Colombia.
