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¿Quién paga el precio de la gasolina?
Este viernes 24 de octubre de 2025, en Colombia, los surtidores marcaron un nuevo capítulo en la historia del combustible. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron un aumento generalizado en los precios de la gasolina y el diésel, un ajuste que reverbera más allá del tanque de los vehículos, tocando el bolsillo de todos.
El galón de gasolina aumentó en promedio $100, llegando a un nivel promedio de $15.968 en las principales ciudades. En la capital, Bogotá, el precio ya supera los $16.300, mientras que en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cifras oscilan entre $15.996 y $16.403. Por su parte, el diésel escaló a $10.785 en promedio, con Bogotá registrando $11.076 y Cali alcanzando $11.218. La subida afecta no solo el bolsillo de los conductores, sino que recalienta el costo del transporte y, por ende, el precio de los alimentos en un contexto inflacionario aún delicado para la ciudadanía.
Esta medida, oficializada por el Gobierno nacional, no es un acto aislado. Responde a una política fiscal diseñada para reducir el déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un fondo que desde hace años sufre la presión de subsidios que han mantenido artificialmente bajos los precios del combustible. Voceros oficiales argumentan que esta estrategia de ajuste gradual es necesaria para evitar un colapso financiero mayor. “Este es un apretón que tenemos que hacer todos los que usamos gasolina y usamos diésel”, explicó un analista del sector en Blu Radio, señalando que los subsidios han dejado un vacío considerable en las finanzas públicas.
Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Conductores y sectores vinculados al transporte expresan su malestar frente a una medida que encarece su actividad diaria y que, en un círculo vicioso, incrementa el costo de vida general. La incertidumbre crece en las calles y mercados: ¿Será este aumento el primero de una serie que la ciudadanía tendrá que asumir? ¿Cómo responderán las políticas públicas a las tensiones sociales que estas decisiones provocan?
Mientras tanto, el país se enfrenta a la compleja tarea de equilibrar finanzas con bienestar social, en un escenario donde cada litro de combustible tiene un peso que no solo mide la distancia recorrida, sino también la capacidad de resistir un presente incierto. ¿Podrá el Gobierno hallar el camino entre el déficit fiscal y la inquietud ciudadana? El tiempo y las próximas decisiones lo dirán.
