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¿Alimentación escolar envenenada?
Esta vez, los niños no solo regresaron a casa con libros, sino con vómitos y dolor abdominal.
El pasado 22 de octubre, en San Juan de Urabá, Antioquia, cerca de 60 estudiantes del Centro Educativo Rural San Juan Oriental sufrieron una intoxicación masiva tras consumir una comida escolar. Inicialmente se reportaron más de 30 menores afectados, pero luego las cifras se actualizaron, revelando una crisis sanitaria que encendió la alarma en esta comunidad rural.
Los niños, de entre 10 y 13 años, comenzaron a presentar síntomas alarmantes como vómito, fiebre y malestar general poco después de ingerir una comida compuesta de arroz, frijoles y carne. Estos alimentos, que podrían provenir del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se encuentran ahora en el centro de una investigación que busca esclarecer el origen de la contaminación.
El traslado inmediato de los menores al Hospital Héctor Abad Gómez permitió que 37 fueran dados de alta sin mayores complicaciones, pero la sombra sobre la calidad y supervisión del PAE se ha extendido. Las autoridades locales, conscientes de la gravedad, activaron un riguroso proceso de vigilancia epidemiológica. La Secretaría de Salud de Antioquia ha iniciado la toma de muestras para determinar la fuente de la intoxicación, mientras la Secretaría de Educación acompaña este proceso con un seguimiento exhaustivo.
Este episodio no es un hecho aislado, sino un reflejo de críticas persistentes sobre los controles sanitarios en los restaurantes escolares y la opacidad que rodea los contratos del PAE. Padres y madres han alzado la voz, denunciando la falta de información clara y la aparente desatención por parte de las directivas del colegio y las autoridades locales. Su inquietud amplifica el vacío de confianza que las familias sienten en torno a la seguridad alimentaria de sus hijos.
¿Será este un llamado para replantear de raíz un sistema que debería proteger, no poner en riesgo, a los más vulnerables? La comunidad espera respuestas claras y acciones que no dilaten la justicia ni olviden el dolor de los niños afectados. Porque, al final, son ellos quienes sufren el precio más alto de una gestión fallida.
