📸 Imagen cortesía Presidencia de la República
¿Presidentes a la Lista Clinton? Un nuevo capítulo en la crisis Colombia-EE. UU.
Este 24 de octubre de 2025, un hecho sin precedentes sacude las relaciones entre Colombia y Estados Unidos: el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en la polémica Lista Clinton. Esta herramienta, diseñada para sancionar a quienes se vinculan con el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción internacional, nunca antes había apuntado a un mandatario colombiano en ejercicio.
La decisión fue oficializada en Washington, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida con un dato alarmante: la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado su pico más alto en décadas desde la llegada de Petro al poder, desbordando el mercado estadounidense y causando un daño social profundo. En paralelo, el presidente Donald Trump no dudó en respaldar la sanción, calificando a Petro como “líder del narcotráfico” y ordenando la suspensión de la ayuda económica a Colombia. Sin embargo, ningún documento o prueba concreta ha sido presentada hasta ahora, y la Casa Blanca aún guarda silencio oficial, mientras en los pasillos diplomáticos se teme una escalada de tensiones que podría afectar no solo la cooperación antidrogas sino también los flujos comerciales y militares entre las dos naciones.
La inclusión en la Lista Clinton conlleva consecuencias abruptas: todo activo en jurisdicción estadounidense queda congelado y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país cualquier relación económica con los señalados. Pero el efecto va mucho más allá. Por su influencia global, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) marca un estándar que la mayoría de bancos y corporaciones internacionales siguen para evitar castigos secundarios. En la práctica, Petro y su círculo cercano enfrentan un aislamiento financiero casi total y un grave deterioro en su imagen pública y política.
Este episodio abre la puerta a múltiples interrogantes. ¿Puede la democracia colombiana resistir esta presión sin ceder soberanía? ¿Qué impacto tendrá en la lucha contra las causas profundas del narcotráfico el deterioro de la cooperación bilateral? ¿Está el Departamento del Tesoro actuando como juez y verdugo sin pruebas concretas? Y, sobre todo, ¿qué señales envía esta inédita sanción a otros líderes latinoamericanos?
Mientras tanto, América Latina observa con atención una crisis que desnuda las complejidades de la política antidrogas global y pone a prueba la resiliencia de las instituciones colombianas. La incertidumbre persiste: ¿logrará Colombia navegar esta tormenta o sucumbirá a un aislamiento que puede erosionar décadas de alianzas? La historia apenas comienza.
