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¿Candidatura en jaque?
Un pulso jurídico en Bogotá mantiene en vilo la aspiración presidencial de Daniel Quintero Calle.
El pasado 29 de octubre de 2025, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá dio curso a la tutela presentada por Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. Quintero pedía la autorización inmediata para inscribir el comité promotor “Reset Total contra el Narco y los Corruptos”, paso insoslayable para empezar la recolección de firmas que avalarían su candidatura en las elecciones de 2026. Sin embargo, el juez negó la medida provisional, argumentando que no se ha producido un perjuicio irremediable que justifique adelantar la habilitación del comité.
Esta controversia surgió justo después de la consulta interna del Pacto Histórico, el 26 de octubre, donde Quintero registró cerca de 140.000 votos, lo que puso en jaque su situación jurídica. La Registraduría, desconfiada de una posible incompatibilidad política o doble militancia, decidió remitir el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE) para un concepto definitivo, paralizando de paso su inscripción como candidato por firmas.
Frente a esto, Quintero alega que la Registraduría le está vulnerando derechos esenciales: el derecho a elegir y ser elegido, el acceso a cargos públicos y el debido proceso administrativo. Sostiene que la decisión de enviar la duda al CNE carece de base legal, pues la inscripción o rechazo del comité promotor es una atribución exclusiva de la Registraduría. Más allá del formalismo, advierte que la dilación pone en riesgo no solo su sueño electoral, sino la logística misma para recolectar las 630.000 firmas necesarias en el tiempo limitado que exige la ley.
La batalla legal no solo enfrenta instituciones, sino visiones distintas sobre la justicia electoral y la legitimidad de la participación política. La pregunta que queda flotando en el aire es si el proceso podrá avanzar con la agilidad que demanda una democracia en tensión, o si la burocracia se impondrá a la voluntad ciudadana. Mientras tanto, las firmas esperan y la política observa, con incertidumbre, el desenlace de este pulso por el derecho a la representación.
