📸 Imagen cortesía: Imagen de referencia. Tomada de la cuenta de x de Adriana Mtiz, gobernadora de Tolima
¿Alerta en la frontera invisible?
Este viernes 31 de octubre de 2025, desde Cali, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una alerta nacional que resuena como un grito de auxilio frente a un país que parece perder el control de su propia seguridad.
En el marco del Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad y la Seguridad Territorial, Matiz puso sobre la mesa una verdad incómoda: la democracia colombiana “está en peligro”. La razón, explicó, radica en la urgente falta de coordinación entre las políticas de seguridad del Gobierno nacional bajo la presidencia de Gustavo Petro y las estrategias regionales que deberían articularse para contener el avance de los grupos armados ilegales.
La mandataria del Tolima apuntó sin rodeos a la desarticulación estatal como un cáncer que erosiona la confianza y la eficacia: “El cambio de 66 ministros y cuatro directores de Policía en los últimos tres años muestra un vacío institucional que dificulta una respuesta firme al crimen organizado.” Una sucesión de cambios que no solo dilata las soluciones, sino que deja un terreno abonado para que las estructuras criminales siembren miedo y control en zonas rurales.
El Tolima, dijo, es un espejo alarmante de esta realidad. Disidencias de las FARC amplían su territorio, mientras los homicidios crecen y la minería ilegal destroza el paisaje y la esperanza. Pero lo más inquietante es el nuevo orden que estos grupos imponen: convocando a las comunidades, “carnetizándolas” y dictando sus propios reglamentos de convivencia. La gobernadora señaló: “Están imponiendo su autoridad donde debería reinar el Estado.”
Las cifras añaden un matiz sombrío. Los secuestros en Colombia se han disparado, duplicándose desde 128 casos en 2015 hasta 280 en 2025, una estadística que habla de un país que no solo ve simular la violencia, sino que se sumerge en ella.
Frente a este panorama, Matiz hizo un llamamiento claro: fortalecer la articulación entre el Plan Nacional de Seguridad y los planes territoriales. La gobernadora exige no solo palabras, sino resultados tangibles, coherentes y contundentes; una estrategia integral que frene la amenaza creciente a la paz y la gobernabilidad.
La alerta ya está escrita. Ahora queda la pregunta pendiente: ¿podrá el Estado responder con la urgencia y la coordinación que las regiones y sus habitantes reclaman, o la indefinición continuará tejiendo su sombra sobre Colombia?
