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¿Presidencia vedada?
La esperanza de Daniel Quintero Calle se desvanece. Este jueves 7 de noviembre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil y un reciente fallo judicial sellaron la inédita decisión de impedir que el exalcalde de Medellín aspire a la Presidencia de Colombia en 2026 mediante recolección de firmas.
La historia se remonta al 26 de septiembre de 2025, cuando Quintero oficializó su inscripción como precandidato presidencial en la consulta interna del Pacto Histórico, avalada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Según la Registraduría, a pesar de que el plazo para renunciar culminó el 3 de octubre sin que el exmandatario presentara ningún retiro formal, su participación quedó firme y vinculante. En este entramado legal, la normativa vigente prohíbe a quienes hayan sido precandidatos en consultas presentar candidaturas a través de otros mecanismos, como la recolección de firmas.
El argumento oficial es tajante: autorizar la inscripción de un comité promotor para Quintero sería “una actuación ilegal” y “un acto jurídicamente imposible”, ya que dilataría recursos públicos en trámites sin validez real y erosionaría principios de economía administrativa. La coyuntura alcanzó un punto definitivo el 6 de noviembre, cuando el Juzgado 62 Administrativo Mixto de Bogotá negó la tutela interpuesta, confirmando que no se vulneraron derechos políticos ni el debido proceso.
¿Qué significa este episodio? Más que un revés personal, este caso se inscribe en la compleja trama de la política colombiana, donde el control institucional y las interpretaciones jurídicas ejercen una influencia determinante sobre las aspiraciones democráticas. Mientras Quintero y sus seguidores buscan caminos alternativos, la ciudadanía observa atenta cómo se ciernen las sombras de las limitaciones legales y la política institucional. ¿Será esta la última palabra o apenas un nuevo capítulo en una disputa que va más allá de la papeleta electoral? El calendario no da tregua, y la inquietud por un proceso transparente persiste, con el país expectante ante la voluntad real de su sistema democrático.
