📸 Imagen cortesía
¿Responsabilidad diluida?
Un miércoles de noviembre, en Medellín, el Tribunal Administrativo de Antioquia clausuró un capítulo clave en el largo pleito de Hidroituango. Este miércoles 6 de noviembre de 2025, horas colombianas, el tribunal resolvió los recursos de reposición contra el auto que, poco más de un año atrás, en junio de 2024, había admitido la demanda multimillonaria presentada por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Sin embargo, la noticia no fue un avance para todos los señalados; el consorcio constructor CCC Ituango y su aseguradora, Chubb Seguros Colombia, quedaron excluidos de la acción judicial.
El eje de la decisión es claro: mientras el pleito continúa contra los diseñadores y supervisores de la obra, el Tribunal revocó parcialmente el auto admisorio rechazando la demanda contra el consorcio constructor. ¿La razón? Un fallo arbitral definitivo emitido el 10 de diciembre de 2024, emanado de un tribunal de arbitramento convocado en la Cámara de Comercio de Medellín, integrado por Ruth Stella Correa Palacio, Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander. Este laudo arbitral, que pesa como “cosa juzgada”, imposibilita que el debate sobre la responsabilidad del consorcio siga su curso en los juzgados ordinarios.
Es encomiable la fundamentación del tribunal: “Cuando las partes de un contrato estatal acuerdan un pacto arbitral, transfieren la competencia a los árbitros y excluyen la jurisdicción de los jueces estatales”, dejó claro en su auto. Así, la ruta judicial ordinaria contra CCC Ituango queda clausurada, aunque no así la acción contra otros actores que participaron directamente en el diseño y supervisión del proyecto.
EPM reclama daños superiores a los 6 billones de pesos, cifra que aglutina lucro cesante por la energía no generada y diversos daños materiales desencadenados en la emergencia de 2018. Es inevitable cuestionar qué significa esta exclusión para la profundidad con la que se esclarecerán las causas de uno de los mayores desastres de infraestructura en Colombia reciente. ¿Puede acaso el pacto arbitral dejar un vacío en la justicia reparatoria?
Mientras Medellín y Antioquia siguen pendientes del destino del megaproyecto, la justicia dilata, delimita y define responsabilidades en un terreno donde la técnica y la ley parecen entrelazarse con la impaciencia social. ¿Será suficiente para las víctimas la acción restringida a solo algunos actores? La ciudadanía espera que, más allá de las formalidades procesales, la verdad y la reparación plena asomen sin esquinas borradas.
