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[¿Responsabilidad a medias?]
Este martes 11 de noviembre de 2025, la Unión Patriótica (UP), parte del entramado político del Pacto Histórico, dio un paso inesperado: reconoció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que hubo irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Los hechos admitidos no son menores. En la investigación que lleva el CNE, señalada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se detectaron movimientos financieros sin el debido reporte, así como aportes y gastos que rebasaron los límites legales. Entre los vinculados aparece Ricardo Roa, entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, quien comparte la sombra de estas inconsistencias.
La Unión Patriótica optó por allanarse a los cargos, aceptando así su responsabilidad y dejando la puerta abierta a sanciones. Este acto de transparencia forzada puede marcar un antes y un después en el expediente, que aún sigue abierto y que involucra a otros sectores de la campaña. En juego están no solo multas económicas sino el riesgo de abrir investigaciones penales que podrían alcanzar a varios de los más cercanos colaboradores de Petro.
Es un capítulo delicado para el liderazgo presidencial: la rendición de cuentas —uno de los pilares de la democracia— se ve erosionada por estas fallas administrativas. La UP, consciente del impacto, manifestó voluntad para cooperar y asumir consecuencias, aunque el camino para esclarecer la totalidad de las irregularidades apenas comienza.
Mientras tanto, el país observa con atención. ¿Podrá la justicia electoral ir más allá del reconocimiento y avanzar hacia sanciones ejemplares? La respuesta aún pende sobre un hilo, pero el costo político ya pesa. En un contexto que reclama transparencia, esta admisión asoma como un llamado a no subestimar las sombras que acompañan los procesos electorales. ¿Habrá más agarrones en esta trama donde las cuentas no cuadran? El reloj sigue corriendo.
