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¡Justicia en jaque?
Este martes 11 de noviembre de 2025, la tranquilidad institucional en Colombia se vio sacudida por una denuncia que toca el delicado entramado entre poder y justicia.
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, puso en manos de la Fiscalía General de la Nación un reclamo formal contra Armando Benedetti, ministro del Interior. La acusación: presuntos insultos y violencia moral agravada contra Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La chispa que encendió esta controversia fueron los insultos públicos de Benedetti —“loca, demente y delincuente”— dirigidos a Lombana luego del allanamiento a su residencia en Puerto Colombia, Atlántico, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un complejo cruce entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, donde la independencia y la dignidad institucional parecen tambalear ante palabras que vuelan pesado. Bustos, en su denuncia dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicita que se indague si lo dicho por Benedetti se ajusta al delito de violencia moral agravada contra servidor público, contemplado en el artículo 429 del Código Penal, que amenaza con penas entre 4 y 8 años de prisión. Además, exige que se recojan todas las pruebas necesarias para esclarecer las circunstancias y la intencionalidad detrás de las agresiones verbales.
Las palabras de Benedetti no quedaron en declaraciones aisladas ni en el estrépito de la indignación: aprovecharon las plataformas digitales para difundir un mensaje de denuncia contra lo que calificó como persecución judicial. Dijo que más de 50 personas cercanas a él, incluyendo hijos menores y familiares, serían víctimas de una supuesta caza judicial, en un relato que amplifica la disputa más allá del caso particular, hacia un conflicto institucional de amplio alcance.
¿Podrá la justicia colombiana avanzar en la protección de su independencia y dignidad frente a estos embates desde el poder ejecutivo? ¿O estas tensiones marcarán un nuevo capítulo de erosión y desconfianza en las instituciones? La ciudadanía observa, mientras la sombra del conflicto amenaza con oscurecer aún más la escena política y judicial.
