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¿Parqueaderos o cárceles de metal?
En la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025, en pleno Concejo de Medellín, se destapó una red que convirtió los parqueaderos del Valle de Aburrá en jaulas ilegales para casi 500 vehículos secuestrados bajo la sombra de un aparente proceso judicial.
La denuncia fue clara y estremecedora: un lote en Copacabana retiene coches sin autorización de la Rama Judicial, exigiendo a sus dueños pagos que en ocasiones superan el valor comercial de los automotores. No se trata de casos aislados. Al menos 20 víctimas han sido identificadas, atrapadas en esta trampa que los obliga a desembolsar sumas exorbitantes para recuperar lo que legítimamente es suyo, sin orden oficial ni respaldo jurídico alguno.
Este entramado opera bajo la fachada de supuestos embargos, con el involucramiento de actores ajenos y no facultados por la justicia para iniciar tales procedimientos. El Estado, que autoriza solo cuatro parqueaderos en Antioquia para procesos judiciales de secuestro y custodia vehicular, se encuentra desbordado ante esta operación ilegal que erosiona la confianza ciudadana.
Las víctimas, acompañadas por concejales y abogados, no se resignan al abandono. Preparan una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la Nación, clamando por una investigación exhaustiva y la pronta devolución de sus bienes. En una ciudad donde el vehículo es sinónimo de movilidad y libertad, ¿cómo aceptar que estos espacios, destinados al resguardo temporal, se conviertan en cárceles sin justicia?
Mientras las sombras de esta red crecen, el Valle de Aburrá espera una respuesta clara y contundente. ¿Podrá la justicia desarticular esta maraña que secuestra no solo vehículos, sino la esperanza de sus propietarios? El reloj corre y la integridad de cientos pende de un hilo en la incertidumbre que solo el esclarecimiento permitirá disipar.
