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¿Justicia bajo sospecha?
Este miércoles 12 de noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación notificó la apertura de una investigación disciplinaria contra Rafael Andrés Escobar González, primer vicepresidente del Concejo de Cali, tras graves denuncias que sacuden la confianza en la administración local.
Escobar González enfrenta acusaciones que, de confirmarse, expondrían una red de engaños para mantener privilegios otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la denuncia, su expareja, Melissa Escobar, denunció que el concejal habría simulado amenazas, creando incluso panfletos falsos supuestamente firmados por el ELN y colocando uno de ellos dentro de su vehículo oficial en pleno Concejo de Cali. El propósito: justificar la continuidad del esquema de seguridad con vehículo blindado y beneficios de protección. “Las amenazas que supuestamente le hacían se las inventaba o las mandaba a hacer con su asistente… Eso es mentira”, relató Melissa a la revista Semana, fuente principal del expediente registrado bajo el número IUS E-2025-588693 en la Seccional Valle del Cauca.
Pero las sombras no terminan allí. La denuncia también expone un patrón de maltrato psicológico, laboral y económico dirigido hacia Melissa, quien asegura haber sufrido constantes presiones para entorpecer su acceso a oportunidades laborales en el sector público y acoso hacia su entorno social, aprovechando la influencia del concejal en la administración caleña. “He sufrido todo ese tiempo de todas esas violencias que ya están siendo denunciadas porque no ha sido nada fácil ese proceso”, confesó en W Radio, subrayando la dimensión humana y dolorosa detrás del caso.
La Procuraduría procura esclarecer estos hechos que, más allá de una simple irregularidad administrativa, remueven la confianza ciudadana. ¿Qué mecanismos permitieron simular un riesgo inexistente? ¿Cómo un servidor público pudo influir en su entorno para acallar denuncias y proteger sus intereses? La investigación se despliega en un escenario donde la opacidad y la manipulación parecen haber erosionado los principios éticos que deberían regir a quienes representan a la comunidad.
Mientras tanto, Cali observa con incertidumbre y expectación. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿podrá la justicia avanzar entre tantas sombras y devolver la seguridad perdida a quienes confiaron en sus representantes? El proceso apenas comienza, pero las heridas que deja este caso ya invitan a una profunda reflexión sobre el ejercicio del poder y la defensa de los derechos humanos.
