Unidad para las Víctimas
Más de 130 familias desplazadas y confinadas por la violencia armada recibieron ayuda humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño
El miércoles 19 de noviembre de 2025, 139 familias afectadas por enfrentamientos armados en Tarazá y El Bagre recibieron más de seis toneladas de alimentos y kits de aseo entregados por la Unidad para las Víctimas. El apoyo llega en respuesta al aumento del conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo en la región.
Solo en Tarazá, 62 familias desplazadas de las veredas Doradas Altas y Tahamí, ahora refugiadas en la zona urbana, fueron beneficiadas con ayudas básicas. Además, 50 hogares han sido atendidos en sus territorios rurales bajo confinamiento, restringidos en su movilidad debido a amenazas y combates armados. En El Bagre, 27 familias indígenas del resguardo Los Almendros, desplazadas desde las veredas Sentada de Villa y Arenas Blancas, reciben atención continua por su vulnerabilidad.
“Es urgente mantener una presencia estatal permanente y aumentar la inversión social para garantizar la seguridad y facilitar el retorno de las comunidades desplazadas. Tarazá necesita paz y acompañamiento con la fuerza pública y programas sociales,” afirmó Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá. Autoridades departamentales también han pedido fortalecer acciones para proteger los derechos humanos y mitigar las consecuencias de la violencia en esta zona minera ampliamente afectada por economías ilícitas.
La mayoría de los desplazamientos sucedieron desde finales de septiembre, cuando el conflicto territorial por el control del ‘cinturón aurífero’ entre ELN y Clan del Golfo se intensificó en Tarazá y El Bagre. Esta situación generó un operativo coordinado entre autoridades civiles, la fuerza pública y organismos de asistencia que atienden emergencias declaradas en 22 ocasiones en el departamento durante 2025. La región permanece como uno de los epicentros de la crisis humanitaria en Colombia, donde la atención inmediata y las condiciones mínimas de seguridad siguen siendo prioridades de la gestión estatal.
Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para acatar las recomendaciones de seguridad y reportar obras o situaciones inusuales a los oficiales. También recuerdan que la continuidad de ayudas dependerá del monitoreo permanente del orden público en la zona del Bajo Cauca.
