Colprensa
Audiencia contra exalcalde Daniel Quintero por caso Aguas Vivas fue aplazada para 2026
La audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y 12 exfuncionarios vinculados al caso Aguas Vivas fue aplazada el viernes 21 de noviembre en Medellín. Después de más de dos horas y media de debate, la judicialización quedó suspendida y programada para continuar en el año 2026, ante la opción presentada por la defensa de nulidad por fallas en la imputación.
Durante la audiencia ante la Jueza 22 Penal del Circuito de Medellín, los abogados defensores cuestionaron la imputación por no individualizar de manera clara y concreta los hechos jurídicamente relevantes. Luis Antonio Hernández, defensor de Quintero, junto con Juan Felipe Criollo Figueroa, representante legal de la exsecretaria Karen Bibiana Delgado, señalaron que la fiscalía incumplió los estándares de claridad protocolizados por la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la fiscal Yarlecy Mena Benítez rechazó estas objeciones en defensa del proceso, asegurando que esta vía de nulidad es improcedente en la actual etapa y alertó sobre el posible retraso en la justicia y el afectación de derechos de las víctimas.
Aunque no se aceptó la solicitud de nulidad en ese momento, la juez autorizó a la defensa para presentar observaciones cuando la Fiscalía radique el escrito final de acusación junto con sus anexos. Sólo luego de estas intervenciones se decidirá cómo continuará el proceso judicial.
Quintero es imputado por la Fiscalía por los cargos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos. La investigación, que cuenta con unas 4.000 evidencias, gira en torno a las actuaciones administrativas relacionadas con un lote de más de 145.000 metros cuadrados en el sector de El Poblado, conocido como Aguas Vivas. Durante la administración 2020-2023, el predio fue devuelto a sus propietarios iniciales con evidencia de una pretendida recompra por 40.500 millones de pesos, pese a un avalúo inicial de 2.700 millones, ocasionando un incremento aproximado del 2.000% en su valor.
Además del proceso penal, el exalcalde enfrenta una investigación disciplinaria ante la Procuraduría General por presuntas irregularidades en la expedición del Decreto 412 de 2023, que modificó el uso del suelo en el sector. También son investigados nueve exfuncionarios de la administración municipal y tres particulares por su posible implicación en las decisiones sobre el predio.
La Fiscalía Nacional y la justicia local mantienen la vigilancia y el seguimiento del caso. Se espera que la próxima diligencia sea convocada una vez se surta la presentación del escrito final y se culminen las observaciones programadas por la defensa. La comunidad permanece atenta al desarrollo judicial en este asunto que ha generado interés por la magnitud de las irregularidades reportadas.
