Cortesía Senado de la República
La Fiscalía solicita imputación contra el exministro Álvaro Leyva por irregularidades en licitación de pasaportes
La Fiscalía General de la Nación pidió este viernes 28 de noviembre abrir audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción. La investigación surge por actuaciones tomadas durante su gestión como canciller en el proceso de contratación para la impresión y distribución de pasaportes colombianos.
El organismo judicial señala que Leyva emitió actos administrativos que violaron la ley y afectaron de manera sustancial la licitación pública de este documento fundamental para los ciudadanos. De acuerdo con la Fiscalía, el exministro incumplió los principios que rigen la contratación estatal porque sus decisiones carecieron de soporte jurídico.
El caso tiene origen en septiembre de 2023, cuando Leyva frenó una licitación pública con un presupuesto aproximado de 600 mil millones de pesos, alegando que el proceso beneficiaba injustamente a la empresa Thomas Greg & Sons, la cual llevaba más de 17 años en la prestación del servicio. Esa misma empresa tuvo el mayor puntaje y cumplía todos los requisitos para quedarse con el contrato; sin embargo, tras la suspensión en julio mediante la Resolución 5778, se declaró desierta la licitación meses después.
Esta decisión suscitó controversia porque Thomas Greg & Sons había presentado la oferta más fuerte. La empresa demandó al Estado por 117 mil millones de pesos por daños y perjuicios, ante la declaración considerada por esta como injustificada.
Antes de esta solicitud de imputación, la Procuraduría General ya había adoptado sanciones allá en septiembre de 2025. El exministro fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años por vulnerar normativas de transparencia, responsabilidad y economía en los procesos estatales. Esta decisión señaló que la anulación de la licitación no cumplió con bases legales válidas.
Además, la Fiscalía investiga más resoluciones emitidas el 14 de septiembre de 2023, en particular la Resolución 7485 que declaró desierta la licitación y la Resolución 7541, con la que se prorrogó por urgencia manifiesta, por 12 meses, el contrato con Thomas Greg & Sons. La entidad de control consideró que ambos actos contravienen la normativa de contratación pública.
Pese a estas irregularidades, el Gobierno Nacional adjudicó temporalmente a esta misma empresa un contrato que seguirá vigente hasta el 30 de abril de 2026. Para esa fecha está previsto iniciar un nuevo modelo para la impresión de pasaportes a cargo de la Imprenta Nacional, en alianza con la Casa de Moneda de Portugal.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá definirá próximamente fecha para la audiencia de imputación ante la que Álvaro Leyva tendrá que rendir cuenta por estos hechos. Ante esta situación, la Fiscalía llamó a responder por la evidente vulneración en la transparencia y legalidad de un proceso público crítico para Nación.
