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La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías ordenara la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, y otros 13 presuntos miembros de esa estructura por su responsabilidad en el genocidio del pueblo indígena nasa en el norte del Cauca.
La fiscal general Luz Adriana Camargo informó que las órdenes se solicitaron tras documentar 32 hechos violentos cometidos desde 2022. Estos ataques incluyen homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, con un saldo de 43 víctimas: 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 firmantes del Acuerdo de Paz y 5 sabedores ancestrales. Estos últimos serían blanco de una estrategia para destruir la existencia misma de la comunidad nasa mediante una política criminal organizada.
Los ataques estarían a cargo del frente Dagoberto Ramos, vinculado al Estado Mayor Central, y habrían ocurrido en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló—áreas con historia de violencia y afectaciones al pueblo nasa. Según la Fiscalía, las conductas no son aisladas sino parte de un plan para tomar el control de territorios ancestrales y suprimir la resistencia frente al dominio armado de las disidencias.
Además de Iván Mordisco, las órdenes abarcan a Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o El Mocho, señalado como cabecilla del frente Dagoberto Ramos, junto con jefes de comisión, milicias y militares presumidos ejecutores. «Los imputados serán procesados por genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado», explicó la Fiscalía.
La investigación fue liderada por la Vicefiscalía, la dirección seccional del Cauca y unidades especializadas contra violaciones de derechos humanos y organizaciones criminales. El trabajo contó con apoyo de antropólogos y expertos que colaboraron con la comunidad nasa para contextualizar sus daños. La fiscalía destacó que esta resulta una de las mayores acciones judiciales contra el Estado Mayor Central desde su formación como la disidencia más poderosa del país.
La comunidad y las autoridades continúan alertas ante posibles nuevo hechos y esperan que la justicia avance rápidamente en prosecuciones formales. Por eso se recomienda a la población mantener las medidas de precaución y denunciar cualquier acto delictivo que pueda presentarse.
