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La Fiscalía General de la Nación imputó este miércoles 10 de diciembre cargos por prevaricato por acción y peculado por apropiación contra el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por su presunta participación en la venta irregular de los predios Cuba y Casablanca entre Barranquilla y Puerto Colombia.
La investigación establece que entre 2009 y 2010 estos funcionarios avalaron un acuerdo que permitió la comercialización directa de los terrenos, pese a estar sujetos a medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio que impedían su negociación. La Fiscalía precisó que la transacción efectuó por aproximadamente 3.500 millones de pesos, mientras el valor real de los predios superaba los 36.000 millones de pesos.
“Esta aprobación favoreció a particulares y ocasionó un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones de pesos en el caso de Casablanca”, explicó la Fiscalía. Respecto al predio Cuba, se configuró una tentativa de apropiación, ya que el daño no se concretó plenamente. Los predios están ubicados en el corredor vial que une Barranquilla con Puerto Colombia, donde ocurrieron los hechos investigados.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el entonces procurador judicial y los magistrados tuvieron conocimiento de las limitaciones jurídicas sobre los bienes, pero facilitaron la venta. Por esto, la Fiscalía imputó formalmente los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, señalando que su actuación contravino la ley y significó un daño al patrimonio público.
Las persones procesadas se declararon inocentes. El proceso continuará su trámite en la jurisdicción competente.
