Mercenarios colombianos apoyan a Fuerzas de Apoyo Rápido en conflicto de Sudán
En los últimos dos años, al menos 380 exsoldados colombianos fueron reclutados para combatir en la guerra civil de Sudán apoyando a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), paramilitares acusados de crímenes de guerra en la región de Darfur. El fenómeno notificado por autoridades internacionales y la ONU se perpetró con promesas engañosas y generó denuncias por graves violaciones a los derechos humanitarios.
El proceso inició en noviembre de 2024, cuando un grupo inicial de 172 colombianos principalmente soldados retirados partió al país africano en el batallón conocido como Soldados del Desierto. Las ofertas ofrecían remuneraciones entre 2.500 y 4.000 dólares mensuales, muy superiores a las pensiones de muchos veteranos nacionales, adjudicadas por empresas como A4SI y Global Security Service Group, con sede en Dubái. Testimonios indican que muchos fueron contratados bajo el pretexto de brindar seguridad en Emiratos Árabes, pero trasladados forzosamente a través de rutas en África oriental y el norte del continente.
Sudán enfrenta desde abril de 2023 un conflicto bélico entre las unidades militares oficiales y las FAR, conservándose estimaciones de hasta 60.000 muertos y más de 10 millones de desplazados. Las fuerzas respaldadas por mercenarios colombianos, reconocidos por su manejo en drones y armamento pesado, participaron en enfrentamientos decisivos como la captación de El Fasher en octubre de 2025, evento marcado por ejecuciones, secuestros, violaciones y masiva crisis de refugiados. Denuncias documentadas involucran además la participación de combatientes armados infantiles entrenados en zonas de conflicto.
Las autoridades de Sudán han elevado quejas ante la ONU señalando 73 ejecuciones civiles investigadas entre enero y febrero de 2025 realizadas con permito de francotiradores y drones suicidas, así como uso de armamento prohibido como fósforo blanco. Se señalan implicaciones directas de Emiratos Árabes en contrataciones y transporte de mercenarios colombianos, pese a su rechazo oficial. En diciembre de 2025, Estados Unidos impuso sanciones a comerciantes vinculados con el reclutamiento, incluido el coronel retirado Álvaro Quijano.
Kamil Idris, primer ministro sudanés, hizo un llamado en español y directo al gobierno y sociedad colombiana para frenar el reclutamiento y mercenarismo antes de que sigan las muertes. El presidente Gustavo Petro replicó rechazando tajantemente esta práctica. En Colombia avanza un proyecto de ley para prohibir el mercenarismo y promover la reintegración de jugadores golpeados por esta problemática. Gracias a voces humanas, también se conoce que familias todavía padecen incertidumbre por sus seres queridos desaparecidos, amid éticos agendas globales en esta grave crisis.
La recomendación vigente radica en reforzar la vigilancia y asistencia humanitaria, así como sancionar portar y exponerse a conflictos externos arriesgando Agunos proyectos legislativos col muestran apoyo firme, reflejo evidente de la sensibilidad a este drama. La comunidad queda en alerta frente a indicios emergentes y llamados para protección efectiva y respeto a los derechos fundamentales en escenarios de guerra.
