Juan Diego Cano – Presidencia de la República
Presidente Petro califica de «persecución» encarcelamiento de exministros en caso UNGRD
El presidente Gustavo Petro denunció como persecución política y «lawfare» la decisión judicial que ordenó la prisión preventiva de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, investigados por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El fallo fue emitido el 18 de diciembre por la magistrada Aura Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de que la Fiscalía solicitó capturas domiciliarias y no intramurales. Ambos funcionarios están vinculados a un caso que investiga el desvió de 612.000 millones de pesos, recursos supuestamente usados para sobornar congresistas a cambio de apoyo legislativo.
De acuerdo con la magistrada Rosero, la prisión preventiva se justificó por riesgo de reiteración delictiva e interferencia en las pesquisas, basándose en que sus redes políticas permanecen a pesar de no estar en cargos públicos. Ricado Bonilla cumple la medida en Bogotá, y Luis Fernando Velasco, en Cali.
En su mensaje publicado el 22 de diciembre, Petro insistió en que no se debían ordenar prisiones ya que ninguna de las partes involucradas lo solicitó y acusó que la medida busca una “foto”, favoreciendo intereses de sectores económicos como banqueros y todo un entramado político a favor de grupos petroleros. Señaló además a la fiscal Amelia Laborde y a la magistrada Rosero como posibles artífices de esta decisión, relacionando a esta última con pronunciamientos previos en transporte del expresidente Álvaro Uribe.
Diversos actores rechazaron el Gobierno, como el representante Miguel Polo Polo, quien calificó el episodio como un pacto de corrupción, o María Fernanda Cabal y Daniel Briceño en el Congreso, mientras que la administración defendió a Bonilla describiéndolo como inocente, víctima de extorsión, y reafirmó que entregarían todas las pruebas para la transparencia del proceso.
El proceso vincula además a otras figuras en el mayor caso de corrupción que afronta la actual administración, iniciado tras revelaciones periodísticas llegar acumulando condenas y detenciones desde febrero de 2024. Las apelaciones están en curso y continúa la vigilancia sobre el desarrollo del caso.
La administración Petro hizo un llamado a respetar el debido proceso y advirtió que seguirán resistiendo contra lo que denominaron como “lawfare» mientras se mantiene el compromiso con la lucha contra la corrupción y a favor del Estado Social de Derecho.
