Cortesía D.R.A
Gobernador de Antioquia rechaza decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional por impacto fiscal en departamentos
En 2025, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su rechazo al Decreto 1390, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró estado de emergencia económica y social en el país, advirtiendo perjuicios financieros para el departamento superiores a 30.000 millones de pesos.
Rendón señaló que la medida busca implementar una reforma tributaria desbordando el poder ejecutivo, luego del rechazado proyecto en el Congreso. «Este decreto representa un abuso al Estado de derecho y un intento por mantener prácticas de gasto derrochador e ineficiencia habituales del actual Gobierno», afirmó el mandatario. La crisis fiscal identificada no es un hecho imprevisto, sino el resultado de disputas normales en el sistema democrático, añadió.
Según la Gobernación de Antioquia, cambios en impuestos territoriales sobre el consumo de licores y cigarrillos pondrían en riesgo estos ingresos, debilitando finanzas que corresponderían al presupuesto anual combinado de las secretarías de Gobierno, Juventud y Mujeres. Rendón advirtió además el riesgo de estimular contrabando e impactos negativos hacia las regiones por la crisis fiscal nacional.
El rechazo a la declaratoria también fue expresado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien junto con Rendón alertaron que la medida afecta la autonomía y la democracia local. Por su parte, el Gobierno Nacional ha defendido la emergencia argumentando el equilibrio fiscal rota por causas como el ajuste en la UPC y la negativa a nuevos impuestos. La Corte Constitucional debe verificar la constitucionalidad del decreto pese a la vacancia judicial, siguiendo precedentes recientes.
El gobernador hizo un llamado al Ejecutivo para respetar la autonomía territorial y adoptar soluciones congruentes que no comprometan los recursos de regiones como Antioquia, en un marco de tensiones presentes con el Gobierno en aspectos directos como seguridad y manejos descentralizadores. Las preocupaciones apuntan a la protección de la gobernabilidad regional frente a intervenciones unilaterales y la efectividad en la administración pública local.
