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El presidente Gustavo Petro anunció en Bogotá la propuesta de transformar el SOAT en un impuesto progresivo que cobije a los vehículos según su capacidad y valor.
En las últimas horas del 23 de diciembre de 2025, durante un balance de gestión con su gabinete, Petro propuso que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito deje de ser un seguro y se convierta en un impuesto con tarifas diferenciadas según el tipo, cilindraje y valor del vehículo, especialmente beneficiando motos y carros pequeños, al tiempo que se aumentaría el valor para autos de alta gama. La medida busca corregir inequidades y generar recursos para financiar el sistema de salud, ante un déficit estimado en 3,3 billones de pesos.
La iniciativa fue dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y contempla que motos y vehículos menores paguen menos, mientras que automóviles grandes, principalmente los de cuatro puertas, tendrían una carga tributaria mayor. En palabras de Petro, “quiero que el SOAT sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más clara para el cobro; es decir, motos y pequeños pagan menos, y sube el valor para los cuatro puertas”.
Esta propuesta llega en el contexto de los debates por la sostenibilidad fiscal del sistema de salud y proveniente de una declaratoria de emergencia económica. También coincide con los recientes ajustes tarifarios de la Superintendencia Financiera para el 2026, que incluyen incrementos del 5 % para algunas motocicletas y taxis, mientras que sanciona rebajas en ciertos carros familiares.
El Gobierno argumenta que el actual esquema penaliza sin justificación a propietarios de vehículos con menor capacidad contributiva porque se calcula según siniestralidad y riesgos en lugar de conforme al valor económico. Los recursos del SOAT, señala Petro, deben asegurar la atención médica a víctimas de accidentes e invierten en agencias nacionales como la ADRES y el Consejo de Seguridad Vial.
El cambio implica que el SOAT pase a ser un tributo supervisado por el Estado con cálculo progresivo por cilindraje y valor físico del vehículo, dejando atrás el esquema actual avalado por la Superintendencia Financiera. Sin embargo, la Federación de Aseguradores Colombianos ha expresado reservas sobre la viabilidad de la propuesta, y las autoridades aún no oficializan modificaciones.
La Alcaldía de Bogotá y demás entes sociales siguen el debate con expectativa, pues mientras la emergencia económica urge nuevos recursos, se busca garantizar justicia y equilibrio en la contribución. Las recomendaciones son atender las definiciones oficiales y evaluar el impacto a familias aseguradas y propietarios de vehículos.
