📸 Imagen cortesía Policía
¿Ataque o herida abierta?
En la tarde del jueves 21 de agosto de 2025, un helicóptero Black Hawk HU60 de la Policía Antinarcóticos inició una misión en la remota vereda El Silencio, en zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia. Su objetivo: apoyar las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos de hoja de coca. Pero la operación se convirtió en tragedia.
Un dron explosivo impactó la nave en pleno vuelo, desencadenando una emboscada preparada con drones armados y explosivos improvisados, atribuida al frente 36 de las disidencias de las FARC. La aeronave cayó, dejando en su estela no solo los restos del aparato, sino una herida profunda en la fuerza pública colombiana.
Treinta horas después, la noticia más dolorosa: el capitán Francisco Javier Merchán Granados, quien había resistido herido varias horas en un centro asistencial de Medellín, falleció. Su partida elevó la cifra de víctimas mortales a 13. Entre ellos, figuras identificables y cerca del público: el mayor Carlos Maleus, el subintendente Nicolás Ovalle, y un numeroso grupo de patrulleros, soldados anónimos de la seguridad que ahora son nombres con fechas y rostros.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no ocultó el pesar: “Lamentamos profundamente la partida del capitán Merchán, que se convierte en la víctima número 13 de este atroz atentado”. Palabras que, aunque oficiales, apenas rozan el vacío y el silencio que dejan atrás estos episodios en las comunidades y familias afectadas.
Este ataque no solo evidencia la sofisticación creciente de las estrategias armadas ilegales, incorporando tecnología letal en drones explosivos, sino también la tenaz violencia que desafía las promesas de paz y seguridad en Colombia. ¿Cuál será el costo real de estas heridas abiertas? ¿Cómo reconstruir la confianza y la justicia cuando la muerte se acerca a quienes están en la primera línea? El país observa, mientras entre los escombros de una nave caída, alguien lucha por responder.
