A pesar de la suspensión de la Procuraduría, alcalde de Cartagena seguirá en el cargo

William Dau Chamat, alcalde de Cartagena, fue citado este lunes por la Procuraduría General de la Nación a una audiencia en la que se le sancionó con cuatro meses de suspensión de su cargo por “su incumplimiento al deber de tratar con respeto a los directivos de la Universidad pública”.

De acuerdo con el Ministerio Público, Dau Chamat realizó actos de irrespeto contra los directivos de la Universidad de Cartagena hace un par de años, en medio de una denuncia que el mismo alcalde realizó sobre redes de corrupción en aquella institución. Volviendo en el tiempo, se observa que en esta denuncia, el alcalde llama a los directivos de la Universidad bajo los calificativos de ‘corruptos’ y ‘nido de ratas’, por lo que estos presentaron una queja.

El fallo presentado por la Procuraduría fue en primera instancia, por lo que Dau y su defensa pudieron ejercer el recurso de reposición correspondiente. El caso se tramitará por medio de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Dentro de su defensa, sin embargo, se argumentó que la decisión correspondía a un desconocimiento de entidades judiciales internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos.


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William Dau se pronunció de forma pública a través de la cuenta de la Alcaldía de Cartagena, además de un comunicado público que informa que el alcalde se mantiene en su cargo. “Les quiero decir a mis amados cartageneros: ustedes tienen alcalde hasta el 31 de diciembre de este año”, expresó. A través de este video, Dau insiste en sus denuncias por corrupción en la Universidad de Cartagena, y se queja porque la Procuraduría lo investigó a él y no a la institución.

El motivo de la Procuraduría para suspender a Dau se sostiene en que “faltó al deber de tratar con imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución y con la cual afectó su dignidad humana e integridad”. La defensa del alcalde, por el contrario, argumenta que la decisión es insostenible porque “solo un juez penal tiene la potestad de separar a funcionarios de elección popular”.

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