📸 Cortesía: Presidencia / red social X: @MiguelUribeT
«`html¿HOSTIGAMIENTO PRESIDENCIAL? LA DENUNCIA QUE SACUDE EL CORAZÓN POLÍTICO DE COLOMBIA
Bogotá, 24 de junio de 2025. En la sombra de un hospital emblemático, un nuevo capítulo se escribe en la tensión política colombiana. El senador Miguel Uribe Turbay, aún hospitalizado tras un atentado que le arrebató la tranquilidad el pasado 7 de junio, es ahora el centro de una denuncia que apunta directamente al despacho principal de la nación.
Este martes, el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de Uribe Turbay, presentó formalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una demanda penal contra el presidente Gustavo Petro. La acusación pesa sobre el presunto delito de hostigamiento, sustentada en un patrón persistente de ataques a través de las redes sociales.
Según Mosquera, la denuncia, que abarca siete páginas, detalla más de 43 publicaciones en la plataforma X (antes Twitter) desde febrero de 2023 hasta junio de 2025. Estas manifestaciones, sostiene la defensa, no son simples opiniones sino acciones que han alimentado “un clima hostil, discriminatorio y de odio” contra el senador opositor. “Durante estos tres años, el presidente ha realizado discursos estigmatizantes y de odio contra Miguel Uribe Turbay”, enfatizó Mosquera, quien aunque no establece un nexo directo con el atentado, sí advierte que este ambiente pudo haber sido propicio para su ocurrencia.
La denuncia invita a la Comisión de Acusación —entidad encargada de investigar a altos funcionarios, incluido el mismo presidente en ejercicio— a indagar la posible responsabilidad penal de Gustavo Petro bajo el marco del artículo 134 B del Código Penal colombiano, que tipifica el hostigamiento. De prosperar la investigación, el presidente podría enfrentar un juicio político y penal ante el Congreso, gracias al fuero especial que la ley le confiere.
Este episodio, que se escenifica a pocos días de que el senador luchara por su vida en la Fundación Santa Fe, abre un espacio para preguntarse: ¿Hasta dónde puede llegar la polarización política y qué consecuencias tiene cuando las palabras se tornan munición? La justicia está convocada a esclarecer si más allá de la retórica, hay una responsabilidad tangible que requiere rendir cuentas.
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