📸 Cortesía: X @VictorMosqueraM / Colprensa
Acusación contra senador Iván Cepeda por uso indebido de la Cancillería
En Bogotá, el abogado Víctor Mosquera Marín acusó al senador Iván Cepeda Castro de hacer un uso inapropiado de la Cancillería colombiana y los recursos estatales para fines personales, tras una solicitud presentada por Cepeda ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el martes 19 de agosto de 2025.
La controversia surgió cuando Cepeda, acompañado por su abogado Miguel Ángel del Río, presentó un derecho de petición dirigido a la ministra encargada de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. En este, solicitaron que las autoridades de Estados Unidos informaran oficialmente si existen investigaciones penales en contra del senador, en respuesta a recientes reportes periodísticos que lo vinculan con presuntos delitos relacionados con el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con un comunicado emitido el 20 de agosto por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, la solicitud de Cepeda representa “una instrumentalización indebida de la Cancillería y un uso arbitrario de recursos públicos para fines particulares, que vulnera su neutralidad institucional y excede su marco legal de competencias, conforme al artículo 209 de la Constitución y al Decreto 869 de 2016”. Mosquera también aclaró que, si Cepeda es objeto de investigaciones en el extranjero, debe asumir su defensa legal con abogados en ese país, sin involucrar a la institucionalidad colombiana en asuntos ajenos a su función pública.
La petición del senador se originó tras la publicación del 17 de agosto de 2025 del periodista Daniel Coronell titulada “El pacto del Country”, la cual vinculaba a Cepeda con presuntos hechos delictivos. Ante esta situación, Cepeda buscó la confirmación oficial sobre investigaciones en Estados Unidos para responder a estas acusaciones.
Por ahora, se espera que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores definan su posición, mientras la firma de Mosquera insiste en la importancia de preservar la neutralidad diplomática y evitar la politización de la función pública. La ciudadanía queda atenta a próximos desarrollos oficiales y llamados a respetar los protocolos institucionales.
