Abogados llevan al Consejo de Estado el encargo de Irene Vélez en MinAmbiente

📸 Cortesía: Presidencia
Nombramiento provisional de Irene Vélez como ministra de Ambiente genera demanda por conflictos de interés

En Bogotá, un grupo de abogados liderados por Ximena Echavarría y Mauricio Pava, junto con la Fundación Dilo Colombia, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el nombramiento provisional de Irene Vélez como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La acción legal señala varios conflictos de interés vinculados a la ocupación simultánea de cargos directivos en el Ministerio y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La demanda cuestiona la decisión tomada tras la renuncia de Lena Estrada el 1 de agosto de 2025, oficializada por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 0877 del 5 de agosto de 2025. Vélez, exdirectora de la Anla y ministra de Minas y Energía al inicio del actual gobierno, asumió el cargo ministerial sin dejar sus funciones en la agencia ambiental.

Según los demandantes, existe un autocontrol jerárquico, ya que Vélez supervisa y dirige simultáneamente al Ministerio y a la Anla. Esto permitiría revisar y modificar decisiones desde ambas posiciones, afectando la independencia administrativa. Además, advierten que el control presupuestal del sector ambiental queda concentrado en una sola persona sin supervisión externa, lo que podría favorecer intereses particulares. También mencionan que Vélez podría influir en nombramientos dentro de las Corporaciones Autónomas Regionales, que deciden sobre permisos y proyectos asociados a la Anla.

La demanda resalta, además, una posible interferencia debido a la relación familiar de Vélez: su padre, Hildebrando Vélez, es miembro de la junta directiva de Ecopetrol. Frente a esta situación, los abogados solicitan al Consejo de Estado revisar la legalidad y ética del nombramiento para garantizar la transparencia en la gestión ambiental.

La expectativa es que las autoridades correspondientes analicen esta demanda y emitan una resolución que evite posibles conflictos y asegure la adecuada gestión del Ministerio de Ambiente y la Anla. Por ahora, se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las decisiones que impactan el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible del país.

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