📸 Imagen cortesía: Procuraduría. Imagen de referencia
¿Reforma pensional en la cuerda floja?
Este jueves 19 de septiembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación salió al paso de la tormenta jurídica que sacude la reforma pensional en Colombia.
El procurador Gregorio Eljach despejó dudas sobre un detalle que ha encendido la polémica: las actas de las sesiones extraordinarias celebradas los días 27 y 28 de junio en la Cámara de Representantes, piezas claves en el trámite legislativo, han sido cuestionadas por demandas que alegan irregularidades. Sin embargo, Eljach afirmó que estas actas no son un requisito obligatorio para validar el proceso legislativo, una afirmación que cambia la perspectiva legal del asunto.
Esta aclaración responde a la solicitud que hizo la Corte Constitucional, bajo la magistratura de Jorge Enrique Ibáñez, para que el Congreso entregara documentación relativa a la Ley 2381 de 2024, iniciativa central del Gobierno nacional y que se encuentra en el ojo del huracán por presuntas fallas procedimentales.
El concepto de la Procuraduría no es un simple acto administrativo: se apoya en la sentencia C-084 de 2018 de la Corte Constitucional, que dejó claro que “la aprobación de las actas de las sesiones no constituye, en sentido estricto, un requisito indispensable del trámite legislativo”. Así, se abre la puerta a acreditar el proceso por otros medios dentro del control de constitucionalidad, evitando que una formalidad burocrática se convierta en un obstáculo insalvable para una ley de alto impacto social.
La Cámara de Representantes, consciente de la sensibilidad del caso y del riesgo que representa para la reforma, corrigió el retraso y aprobó oficialmente las actas el pasado 26 de agosto de 2025, asegurando el quórum y las mayorías legales. En esa votación, el acta de la sesión del 27 de junio contó con 72 votos a favor; mientras que la del 28 de junio obtuvo un respaldo igualmente significativo.
Pero más allá de los números y las formalidades, esta controversia revela un vacío en los procesos y un desgaste en la confianza hacia las instituciones. La ciudadanía observa con incertidumbre cómo en los pasillos del Congreso se dilatan mecanismos que deberían ser claros y efectivos. La pregunta subyacente es cómo esta disputa impactará en la credibilidad del sistema legislativo y en el futuro de una reforma que busca cambiar el rumbo de la seguridad social en Colombia.
Mientras tanto, la justicia sigue su curso, y el país espera que los vicios de procedimiento no terminen por erosionar una iniciativa vital para millones. ¿Podrá la ley avanzar sin tropiezos entre tantas sombras procesales? El reloj sigue corriendo, y la mirada colectiva no se desvía.
