¿Adiós a los sondeos? Congreso aprueba ley que prohíbe encuestas de intención de voto hasta noviembre de 2025

📸 Cortesía: Colprensa
¿Silenciarán las urnas?

Este jueves 22 de junio, el Congreso de Colombia dio luz verde a una polémica ley que prohíbe la publicación de encuestas sobre intención de voto presidencial hasta el 31 de octubre de 2025.

La jornada legislativa, cargada de consensos y controversias, marcó un hito en la regulación electoral del país. La norma, promovida por un grupo heterogéneo de congresistas —Angélica Lozano (Partido Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), Clara López (Pacto Histórico) y Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo)— establece en su artículo 5 que las empresas encuestadoras solo podrán divulgar estudios sobre las presidenciales de 2026 desde el último día de octubre de ese año. Este límite llega tres meses antes del inicio formal de inscripción de candidaturas, previsto para el 31 de enero de 2026.

Los impulsores defienden esta medida como un intento de contener la “inflación” artificial de precandidatos y mejorar la rigurosidad técnica de las encuestas. “La ley fue construida desde el multipartidismo y cada paso en su trámite pluralista”, aseguró la senadora Lozano, resaltando el carácter consensuado de la iniciativa. Sin embargo, el proceso dejó de lado la voz de actores clave: las principales firmas encuestadoras y los medios de comunicación no fueron consultados, una omisión que ha despertado críticas en el sector.

Desde Cifras & Conceptos, César Caballero alertó que esta regulación “reducirá la cantidad de encuestas públicas y encarecerá las privadas. Los candidatos con mayores recursos seguirán contratándolas, pero la ciudadanía perderá acceso a información vital”. En sintonía, Martín Orozco, gerente de Invamer, advirtió sobre el riesgo de que esta norma beneficie a las élites políticas y limite el debate democrático.

Al cerrar la sesión, la ley quedó a la espera de la sanción presidencial de Gustavo Petro para entrar en vigor, sumergiendo a la opinión pública en un debate urgente sobre transparencia electoral y derecho a la información. ¿Será esta restricción un freno a la especulación o un silenciamiento disfrazado? La campaña presidencial de 2026 aún está lejos, pero ya resuena el eco de una democracia en tensión.

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