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¿Tarimazo o tela de juicio?
En la tarde del 29 de julio de 2025, el Consejo de Estado abrió una herida política que promete no cerrarse pronto. En Medellín, justicia y política parecieron chocar alrededor de una figura: la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico. ¿El motivo? Su presunta gestión para que varios cabecillas de bandas criminales asistieran al llamado “tarimazo”, un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro, realizado el 21 de junio en el Centro Administrativo La Alpujarra.
El evento, parte de la celebración tras la aprobación de una controvertida reforma laboral, no solo representó una muestra de poder gubernamental, sino también una plataforma desde donde se quiso mostrar una apuesta a la paz urbana. Sin embargo, detrás de la aparente reconciliación, se oculta una fuerte acusación: tráfico de influencias y extralimitación de funciones. Así lo señala el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien interpuso la demanda de pérdida de investidura contra la congresista.
Según la denuncia, Zuleta solicitó, mediante un correo electrónico fechado el 19 de junio, la autorización para el traslado temporal de varios reclusos condenados por delitos graves —entre ellos “Douglas”, “Tom” y “Carlos Pesebre”— recluidos en la cárcel de Itagüí. Esta petición se concretó gracias al aval del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La defensa de la senadora argumenta que su gestión se insertó en una estrategia de paz impulsada por el Gobierno Nacional, pero la demanda abre un abismo: ¿utilizó su investidura para fines que desbordan la legalidad y la moral administrativa?
La admisión de esta demanda no es un simple trámite. De concretarse las faltas, Isabel Cristina Zuleta podría enfrentar la “muerte política”: la pérdida inmediata de su curul y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Más allá del destino de una congresista, el caso escarba en la confianza erosionada que la ciudadanía siente frente a sus representantes y plantea una pregunta incómoda: ¿puede la política reconciliarse con la transparencia cuando se invita a sentar en el mismo acto a quienes la ley condena? El reloj corre, y el espectáculo político espera respuestas.
