Imagen de referencia. Creada con IA
El precio de licores como aguardiente, ron y whisky aumentará hasta un 48 % en el país a partir del 1 de enero de 2026, debido a los cambios tributarios incluidos en el Decreto 1474 de 2025, anunció el Gobierno nacional tras declarar emergencia económica.
El decreto aplica una subida del IVA para licor fuerte del 5 % al 19 % y una alza del impuesto específico en ese rubro del 119 %, además de elevar el impuesto ad valorem del 25 % al 30 %. La Industria Licorera de Caldas informó que el aguardiente Amarillo de Manzanares pasará de 49.705 a 71.112 pesos por botella de 750 mililitros, un aumento del 43 %. Por su parte, el Ron Viejo de Caldas tendrá un crecimiento en su precio del 55 % y, según la Fábrica de Licores de Antioquia, el Aguardiente Antioqueño subirá un 40 %, precios que golpean a consumidores y comerciantes por igual.
“Una botella de aguardiente puede incrementarse en un 48 % y el whisky en un 40 %, lo que desestimula la compra entre los consumidores habituales”, aseveró Camilo Ospina, presidente de Asobares, dialogando con medios locales sobre el impacto inminente.
Desde el sector licorero se manifestó preocupación por la estabilidad de la industria, que aporta el 1.5 % del PIB nacional y emplea a más de 200.000 personas en actividades que van desde el campo hasta la venta al detal. Según Euromonitor, cerca del 24 % del comercio de licores en Colombia es ilegal, porcentaje que podría crecer ante el encarecimiento producto del nuevo impuesto. Ospina indicó que “los impuestos elevados podrían impulsar jubilaciones de licores falsificados o adulterados, con consecuencias perjudiciales para la salud pública”.
Las autoridades fiscales señalaron que los recursos adicionales del IVA buscan atender la emergencia económica declarada por el Gobierno. Carlos Betancourt, director de la Dian, negó un desplazamiento hacia el contrabando o una caída reportada en ventas. Sin embargo, el 15 de enero de 2026, los 32 gobernadores del país rechazaron el decreto, alegando que los recursos deben destinarse a financiar acciones en salud, educación y deporte en cada región, incluso avisaron que no lo implementarían por considerar la medida inconstitucional.
La alerta permanece vigente y la recomendación a comerciantes y consumidores es estar atentos a nuevas disposiciones y ofrecer reporte a las autoridades ante cualquier irregularidad detectada. Las movilizaciones sociales y consultas sobre la medida continuarán durante este primer trimestre del 2026.
