En los últimos días, la Presidencia de la República publicó un borrador del este decreto para recibir los comentarios de la ciudadanía sobre la posibilidad de asumir por tres meses las funciones de la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, y la CRA, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Con el fin de ejercer funciones orientadas a fijar la ‘política general’ más enfocada en lo social.
La presidencia recibió cerca de 55 observaciones de agremiaciones y empresas del sector, entre ellas la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) que señaló el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, donde se establece que la CREG tiene la función de definir la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, definir las tarifas aplicables a los usuarios regulados y conocer de las tarifas de los usuarios no regulados, por ende, el presidente no es competente para asumir esa regulación.
Incluso Empresas Públicas de Medellín manifestó que no hay justificación técnica que soporte la decisión y que el cambio desestimula la inversión porque genera incertidumbre. A lo que la presidencia respondió que no aceptaba el comentario, ya que las razones de la decisión no son solo económicas sino también sociales: “Los fines de la regulación no solo tienen un contenido económico, sino que además tiene un alcance social, pues debe encaminarse en la vía de cumplir los fines sociales del Estado, tal como se deriva del mandato contenido en el inciso primero del artículo 365 de la Constitución Política”.
