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¿Hambre de futuro?
Este jueves 21 de agosto de 2025, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia que pone en jaque la alimentación escolar de 3,5 millones de estudiantes colombianos.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), pilar fundamental para garantizar el derecho a la alimentación y la permanencia educativa, enfrenta un déficit presupuestal de 500 mil millones de pesos que aún no ha sido asignado. Esta cifra crítica podría provocar la suspensión del servicio desde septiembre próximo, afectando a niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas.
La alerta surgió tras un exhaustivo seguimiento de la Contraloría durante las mesas de control social en Buenaventura, donde se confirmó la falta de recursos para mantener vigente el PAE. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), encargada de la operación del programa, ha solicitado en dos ocasiones —el 24 de junio y el 15 de agosto— un aumento presupuestal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin recibir respuesta concreta hasta la fecha.
“La suspensión del servicio impactaría gravemente en la niñez y la juventud, erosionando no solo su derecho fundamental a la alimentación, protegido por la Constitución, sino también su desarrollo y permanencia en la escuela”, manifestó la Contraloría en un comunicado público. Cabe recordar que los contratos actuales del PAE solo garantizan cobertura hasta el 31 de agosto de 2025, haciendo inminente la crisis.
El llamado es claro y urgente: el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación Nacional y las Entidades Territoriales Certificadas deben articular esfuerzos para garantizar los 500 mil millones que requieren los estudiantes. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿podrán las instituciones superar este vacío presupuestal antes de que el hambre deje de ser una amenaza para convertirse en realidad cotidiana?