📸 Cortesía: X Julián Sánchez
Alcaldes alertan por recorte de 4,4 billones en recursos para municipios en 2026
En las últimas semanas, 1.104 alcaldes de Colombia expresaron preocupación por un recorte de 4,4 billones de pesos en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), anunciado a finales de 2025 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este reajuste afecta directamente inversiones en salud, agua potable, saneamiento básico, cultura, deporte y programas sociales en municipios con baja capacidad fiscal.
El ajuste corresponde al Documento de Distribución SGP-104-2025, que asigna para el año 2026 un total de aproximadamente 1,094 billones de pesos para los municipios. De estos recursos, cerca de 586.857 millones serán para salud, 277.859 millones para deporte, cultura y agropecuario, 129.348 millones para servicios de agua primerarios y saneamiento, y 99.806 millones destinados a asignaciones especiales como pensiones y el Programa de Alimentación Escolar.
“La reducción del presupuesto del SGP pone en riesgo la atención en servicios esenciales de más de mil municipios. Esto limita gravemente la gestión de las alcaldías en temas de salud y acceso a servicios básicos”, informó Julián Sánchez Acosta, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la entidad, agregó que esta disminución en la última transferencia equivale a casi un 49 por ciento menos que el valor del año 2024, pasando de 2,1 a 1,09 billones de pesos, un impacto negativo para programas sociales y el cumplimiento de derechos fundamentales.
El documento que reajusta los recursos fue expedido a finales de diciembre de 2025 y afecta todas las regiones colombianas contando el traslado de recursos para la vigencia inmediata de 2026. Desde principios de enero, las autoridades municipales alertaron sobre el daño que esta medida, hecha por el DNP debido a una estimación de menor recaudo, causará en el bienestar local y la planificación presupuestal.
El recorte es resultado de un ajuste técnico consignado en la Ley 1753 de 2015, brindando al DNP facultades para modificar el presupuesto sin canalización por el Conpes. A pesar de su fundamentación legal, el efecto es una significativa disminución que afecta principalmente a ayuntamientos que dependen de este flujo único de financiación pública, acentuando desigualdades regionales en un contexto social ya complicado.
Ante este escenario, la Federación Colombiana de Municipios solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y al DNP reconsiderar con prioridad la revisión de este ajuste técnico para mitigar el impacto social y proteger las fuentes de ingreso para aquellas localidades con menos opciones fiscales complementarias. Hasta la fecha, la Nación no ha emitido respuesta oficial frente a esta petición acercándose a los 15 días desde su presentación.
La alerta sonada por los alcaldes pone en evidencia riesgos crecientes en la prestación de servicios básicos a comunidades vulnerables, lo que podría afectar a millones de colombianos que día a día requieren atención en salud, agua potable, educación y bienestar. Por eso, las administraciones territoriales hacen un llamado urgente para revivir los diálogos y dudan de manejar recursos tan estratégicos solo con ajustes técnicos que no consideran el diagnóstico social y territorial completo.
