📸 Imagen cortesía X Alexandra Agudelo
¿Buen Comienzo en Buen Fin?
En Medellín, este 9 de octubre de 2025, se dio un paso decisivo en un caso que sacude la confianza pública: un juez avaló la acusación de la Fiscalía contra la exsecretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, por presuntas irregularidades en el programa Buen Comienzo, diseñado para la atención de la primera infancia en la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales no solo contra Agudelo, sino también contra Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica del programa, y Henry Paulison Gómez Montoya, representante legal de la Corporación Colombia Avanza. A los tres se les imputan delitos que van desde la celebración de contratos sin requisitos legales hasta peculado por apropiación e interés indebido en la contratación pública, presuntamente cometidos en contratos firmados en marzo de 2020 durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
El epicentro del caso son dos contratos. El primero, destinado a la atención familiar de la primera infancia; el segundo, a la entrega de paquetes alimentarios para mitigar la crisis causada por la pandemia. Según la Fiscalía, en ambas oportunidades se alteró la modalidad habitual de selección, pasando de una subasta inversa a una contratación directa, en beneficio de la Corporación Colombia Avanza, entidad que no habría cumplido con los requisitos técnicos ni legales exigidos. Además, se detectaron sobrecostos que generaron cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia del gasto público.
Este proceso, que avanza en el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Medellín, acaba de superar la formulación de acusación y se prepara para la audiencia preparatoria fijada para mayo de 2026. El juicio oral está programado para iniciar el 9 de junio y se extenderá con más de treinta audiencias hasta noviembre, adentrándose en el terreno crucial de la justicia, donde se esperan esclarecer responsabilidades y destapar las sombras detrás de este presunto caso de corrupción.
“Se trata de un momento crucial para que la justicia restablezca la confianza ciudadana”, señaló un vocero de la Fiscalía, mientras las autoridades reiteran su compromiso por esclarecer si las contrataciones, esenciales para el bienestar de los niños y sus familias en plena crisis sanitaria, fueron manipuladas en beneficio privados.
Mientras tanto, Medellín aguarda respuestas, y se plantea con inquietud si programas sociales diseñados para proteger a los más vulnerables pueden estar contaminados por prácticas que erosionan la ética pública. ¿Será esta la etapa en que la justicia ponga un buen comienzo a la transparencia que la ciudad demanda?
