📸 Cortesía: Centro Democrático
¿JUSTICIA EN EL BANQUILLO?
Este martes 24 de junio de 2025, en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación dio un giro sin precedentes al solicitar una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La acusación: soborno a testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos que estremecen la confianza en el sistema judicial colombiano.
La audiencia pública, que tuvo lugar ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, comenzó a las 8:30 a.m. y fue liderada por la fiscal delegada Marlene Orjuela, quien sostuvo que las evidencias son “concluyentes”. Según su relato, Uribe diseñó y puso en marcha una estrategia para manipular la justicia penal, valiéndose de maniobras para influir en testigos clave como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.
Este proceso se inicia en febrero de 2025 y acumula 58 audiencias públicas. En ellas se han presentado testimonios, documentos, videos y grabaciones que, en conjunto, dibujan una red de presiones sobre terceros para que retractaran sus versiones. No es cualquier caso: es la primera vez en la historia reciente de Colombia que un expresidente se enfrenta a un juicio penal por delitos que cuestionan directamente la integridad del sistema judicial.
“No hay asomo de duda —declaró Orjuela frente a la jueza Sandra Liliana Heredia— el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal.” Con esa contundencia, la fiscal dejó claro que la intención fue articular una narrativa exculpatoria, cambiando los testimonios para favorecer al exmandatario y así erosionar la verdad procesal.
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces presidente de Colombia durante dos periodos entre 2002 y 2010, empezó a ser investigado por las denuncias que hoy cobran cuerpo en esta acusación formal. La relevancia del proceso no solo radica en la figura de Uribe, sino en la posibilidad de que la justicia avance en un terreno históricamente difícil, donde los poderes fácticos y políticos han marcado el paso con sombras y dilaciones.
Sin embargo, la pregunta que persiste entre la ciudadanía es si esta vez, y con las pruebas presentadas, el sistema podrá resistir las presiones y concluir un juicio que haga verdadera justicia. El país observa con atención este capítulo que interpela la esencia misma de la democracia y la confianza en sus instituciones.
