Grupos armados controlan la mayor parte de la Amazonía colombiana, impulsando delitos ambientales
En 2024, al menos el 69% de los municipios de la Amazonía colombiana y zonas vecinas estuvieron bajo el dominio de grupos armados y organizaciones criminales, incluyendo disidencias de las FARC, que generaron un aumento del 74% en la deforestación. La actividad delictiva, que incluye narcotráfico, minería ilegal y expansión ganadera, afectó directamente el ecosistema y a comunidades indígenas.
Estos grupos criminales, presentes principalmente en departamentos como Putumayo y áreas fronterizas con Perú y Brasil, controlan importantes rutas fluviales como los ríos Putumayo y Puré para efectuar el tráfico de cocaína hacia Manaos y Europa. Al mismo tiempo, hacen presencia en la minería ilegal de oro y fomentan la ganadería, generando un aumento del 302% en la deforestación vinculada a la expansión de pastizales y desplazamiento forzado de comunidades originarias. Sólo en noviembre de 2024, se detectaron 29 puntos de extracción ilegal en el río Puré donde el uso de mercurio contamina y destruye ecosistemas clave.
“Los grupos armados son actores principales asociados a la tala, cultivos ilícitos y minería ilegal que afectan la Amazonía. Es indispensable señalar su impacto para articular respuestas firmes”, afirmó Juanita Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Según el informe, la minería ilegal involucra redes complejas de lavado de activos que permiten la expansión del oro de procedencia ilícita mediante empresas fantasma y pistas clandestinas, detectadas en 128 puntos desde 2024 en territorios amazónicos.
El presidente Gustavo Petro calificó al narcotráfico como “la segunda mayor amenaza” para la región y planteó una coordinación multinacional con fuerzas militares y policiales en la triple frontera Colombia, Perú y Brasil. Como muestra de la violencia que acompaña estas actividades, el pasado 9 de mayo 11 militares ecuatorianos fallecieron en una emboscada durante un operativo anti minería en la zona fronteriza del río Punino.
Expertos insisten en que las actividades ilegales secuestran economías legales a través de inversiones en ganadería e infraestructura. “El dinero ilícito está blanqueándose dentro de los sistemas financieros nacionales e internacionales mediante testaferrato”, advirtió Botero. Mientras Brasil registra una reducción del 90 % en minería ilegal con la destrucción de 4.000 dragas, en Colombia el problema persiste a causa de dificultades organizativas para erradicar rápidamente las maquinarias en las zonas pyistícas.
Ante esta urgente emergencia ultrasecrecora, tanto autoridades como entidades de conservación llaman a redoblar esfuerzos conjuntos para que la selva amazónica, una de las pocas reservas ambientales prístinas del planeta, reduzca su grado de irreparable vulnerabilidad a cargos sustantivos demostrar vocación inmediata políticas concretas y.
La Alcaldía y organismos ambientales solicitan a la comunidad informar actividades sospechosas por canales oficiales y reiteran recomendaciones de autocuidado en las zonas intervenidas.
