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ANDI advierte que nuevo impuesto al patrimonio para empresas afectaría inversión y empleo
En las últimas horas, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) rechazó la propuesta del Gobierno Nacional de crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, advirtiendo que la medida perjudicaría la inversión, el empleo y el crecimiento económico. El presidente de la entidad, Bruce Mac Master, emitió un pronunciamiento el 10 de febrero tras el anuncio realizado en Córdoba por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El impuesto, que ateranza ampliar el recaudo para atender daños por las lluvias en regiones como Córdoba y el Caribe, es progresivo y aplicaría a empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, es decir, alrededor de 10.400 millones de pesos. La tarifa contemplada iría desde el 0,6% hasta 600.000 UVT y el 1,2% para montos mayores. El Gobierno estima que afectaría a cerca de 15.000 grandes compañías, buscando generar 8 billones de pesos para financiar la emergencia declarada por calamidades por el clima.
“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica”, afirmó Germán Ávila durante el consejo de ministros en Córdoba. Por otro lado, Bruce Mac Master señaló que “atacar a las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo y la posibilidad de crear oportunidades para los colombianos”. El líder gremial recordó que la nueva propuesta se suma a las presiones que han enfrentado las empresas, como la reforma tributaria del 2022 y cambios en regulación energética y laboral.
El endurecimiento fiscal llega en medio de la necesidad de recursos para afrontar daños causados por las inundaciones recientes y a raíz de la suspensión provisional de un decreto previo por la Corte Constitucional. Además, gremios como Anif han cuestionado este tipo de medidas por empeorar la capacidad del país para responder ante emergencias futuras.
De acuerdo con cálculos preliminares, compañías como Bancolombia podrían aportar pagos cercanos a 500.000 millones de pesos, seguidas por Grupo Aval y Banco de Bogotá, con 220.000 y 210.000 millones respectivamente, según sus actuales patrimonios societarios.
Ante esta propuesta, que tensiona aún más la relación entre el Ejecutivo y el sector productivo en un escenario de desaceleración económica, se espera la respuesta del Gobierno a la Corte Constitucional respecto al decreto anterior, con vencimiento fijado para el 11 de febrero.
La Asociación Nacional de Empresarios hace un llamado a evaluar con cuidado el impacto de estas medidas y el Gobierno anuncia que seguirá trabajando en alternativas para mitigar los efectos económicos sin poner en riesgo la inversión ni el empleo en el país.
