Foto: Jurisdicción Especial para la Paz
El pasado 20 de noviembre de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 35 integrantes del Ejército Nacional que operaron en Huila entre 2005 y 2008 por crímenes de guerra y lesa humanidad. Estos crímenes fueron determinados por asesinatos y desapariciones presentados ilegítimamente como bajas en combate durante esa época.
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Según los registros y las pruebas estudiadas por la JEP, estos 35 integrantes del Ejército habrían participado en 200 ejecuciones extrajudiciales, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Sin embargo, y a pesar de la evidencia presentada por este tribunal especial, cinco de los comparecientes imputados no reconocieron su responsabilidad en estos hechos.
De acuerdo con la Jurisdicción, los 30 militares que reconocieron su responsabilidad “aceptaron que el objetivo era dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional”. Dentro de ellos se encuentran ocho tenientes coroneles, cinco mayores y tres capitanes.
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El mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca, a quienes la JEP llamó a responder como autores por omisión, no reconocieron su responsabilidad. Junto a ellos, los mayores retirados Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
