¿Presiones que sacuden la Justicia?

“No se les olvide que soy fiscal desde chiquita…”

21 de mayo de 2025, Bogotá. En medio de una atmósfera cada vez más tensa en el ámbito político colombiano, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago rompió su silencio para denunciar una red de presiones indebidas provenientes del corazón del poder: el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Según Buitrago, estos funcionarios habrían intentado interferir en decisiones clave sobre nombramientos y contrataciones dentro del Ministerio de Justicia, amenazando con socavar la independencia que esta institución debe preservar.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, no es un simple cuestionamiento administrativo. Se trata de una acusación formal por el presunto delito de tráfico de influencias, una sombra que empaña la legitimidad del sistema. Esta acusación desató una reacción inmediata: mociones de censura en la Cámara de Representantes y la apertura de investigaciones oficiales a partir de esta misma fecha.

Buitrago, quien dimitió tras once meses en el cargo, expone que las presiones no obedecían a razones técnicas ni a objetivos institucionales, sino a intereses personales y políticos. Entre los episodios más reveladores se encuentra la insistencia para nombrar a personas sin el perfil adecuado, como Marcela Tovar Thomas, además de órdenes para suspender la contratación de uniformes para el Inpec. Los mensajes que recolectó la exministra para sustentar su caso muestran un entramado de solicitudes que superan la mera discrecionalidad administrativa.

La exministra, siempre prolija en detalles, relató cómo ambos funcionarios la contactaban directamente para influir en cuestiones administrativas. “Me llama Armando Benedetti y Angie Rodríguez”, afirmó, subrayando que sus palabras están respaldadas por evidencia documentada: “Marco todo, guardo todo”. Más allá de los nombramientos, la denuncia apunta también a intentos de influir en la exportación de sustancias controladas y en cambios en la dirección de la Política de Drogas, iniciativas que Buitrago asegura haber rechazado con firmeza.

Hasta ahora, la respuesta oficial se mantiene en una discreta reserva, aunque la magnitud de las acusaciones y el peso simbólico de los nombres involucrados advierten que este caso podría reconfigurar las relaciones entre los poderes del Estado y poner en jaque la confianza pública. La cuestión que queda en el aire tras esta tormenta es clara: ¿podrá la justicia esclarecer estas sombras sin sucumbir a las presiones que denuncia su propia exministra?