Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue trasladado el 15 de enero de 2026 desde una celda reducida en la Policía Federal de Brasilia a una más amplia y confortable en el complejo penitenciario de Papuda. La orden fue dada por el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, tras las quejas de la familia sobre las condiciones de reclusión anteriores.
La nueva celda en el Batallón 19 de la Policía Militar ocupa unos 65 metros cuadrados, casi cinco veces el espacio anterior de 12 metros cuadrados. El lugar cuenta con dormitorio, baño privado, sala de estar, cocina, lavadero y un área exterior para baños de sol y fisioterapia, garantizando un aislamiento completo con otros internos, ubicado en un área especial para militares y autoridades, donde también está cercado con su exministro Anderson Torres.
El traslado se hizo luego de una evaluación médica integral por personal de la Policía Federal, determinando que el expresidente presentaba problemas de salud recientes como hernia, hipo crónico y una caída con conmoción cerebral. Bolsonaro llevaba desde noviembre de 2025 en una celda especial después de intentar manipular su tobillera electrónica por riesgo de fuga.
Entre las condiciones otorgadas por el juez, se incluye acompañamiento médico privado 24 horas, traslados de emergencia al hospital y comidas especiales cinco veces al día preparadas externamente. También puede recibir visitas de su esposa e hijos, con excepción de su hijo Eduardo, procesado en Estados Unidos. Además dispone de sesiones constantes de fisioterapia. Pese a estas medidas, el tribunal negó la prisión domiciliaria y mantiene la custodia penal.
El complejo cárceles Papuda, de máxima seguridad, ha alojado en el pasado a figuras involucradas en escándalos como Lava Jato y otros líderes criminales. La justicia y autoridades mantienen el monitoreo estricto sobre Bolsonaro, procurando cuidar su estado de salud pero evitando cualquier riesgo para la justicia.
El Supremo Tribunal Federal reafirma su decisión ante esta emergencia judicial, destacando que el respeto a la reclusión penal es indispensable en casos de alta peligrosidad. Además se ratifica el llamado a la comunidad a acatar formalmente las resoluciones y garantizar la seguridad y orden en el recintoěón.
