En el transcurso del año 2023, Antioquia se destacó como el departamento más favorecido a nivel nacional en cuanto a las medidas de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, con una inversión que superó los 305.000 millones de pesos por parte de la Unidad para las Víctimas.
Estos recursos fueron dirigidos hacia la reparación individual, los planes de reparación colectiva que beneficiaron a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, los planes de retornos y reubicaciones de población desplazada, la atención psicosocial, y los proyectos de infraestructura social y comunitaria.
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En el ámbito de la reparación individual, la directora territorial de la entidad en Antioquia, Claudia Vallejo, destacó que durante el año se efectuaron cerca de 25.000 indemnizaciones administrativas y judiciales a las víctimas del departamento.
Adicionalmente, se enfatizó que no solo se limitó al pago de indemnizaciones, sino que en algunas jornadas en municipios se brindó orientación con una oferta interinstitucional para garantizar la adecuada inversión de estos recursos en vivienda, educación superior, ahorro, pensiones, fortalecimiento, o proyectos productivos.
Además, se inició un plan piloto para fortalecer la reparación integral a las víctimas afrocolombianas y campesinas en corregimientos específicos, logrando la articulación de entidades para iniciar la construcción de una vía de acceso en marzo del próximo año en El Aro, considerada una deuda histórica para resarcir a la comunidad por los daños de la violencia.
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En municipios donde se implementan planes de retorno y reubicación de desplazados, así como proyectos con población en alto riesgo, como Yolombó, Urrao, Cáceres, Ituango, Betulia, Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, Argelia y Concordia, se proporcionaron insumos agropecuarios, mobiliario para centros de integración comunitaria, puestos de salud, escuelas y restaurantes escolares.
Por otro lado, las emergencias como desplazamientos forzados y confinamientos masivos en municipios como Frontino, Cáceres, Segovia, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Amalfi, Anorí y Briceño, demandaron atención con ayuda humanitaria en especie (alimentos, artículos para alojamientos, cocina comunitaria e implementos de aseo) y recursos financieros para apoyar la manutención de cerca de 1.800 familias.
