📸 Imagen cortesía: Cuenta de X ministerio de Hacienda
¿Finanzas en jaque? El Gobierno propone su gran pacto fiscal
Este lunes 1 de septiembre de 2025, en Bogotá, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio un paso crucial para enfrentar la creciente incertidumbre económica que amenaza al país. Germán Ávila, ministro de Hacienda, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Financiamiento, una propuesta que busca cerrar el preocupante déficit presupuestal que se avecina para 2026.
La iniciativa, que nació en medio de un debate parlamentario cada vez más tenso, tiene una meta ambiciosa: recaudar al menos 26,3 billones de pesos. Para lograrlo, el texto plantea un esquema impositivo que amplía y endurece los tributos sobre sectores estratégicos como combustibles, licores y juegos de azar, además de introducir una reforma en el régimen de renta y cesar beneficios tributarios considerados insostenibles.
Según el ministro Ávila, la propuesta no es solo un parche financiero, sino un llamado a la construcción de un “gran pacto fiscal” que aspire a darle estabilidad y recursos a las finanzas públicas, más allá del actual mandato presidencial. “Queremos garantizar que el país pueda sostener su desarrollo económico sin depender de medidas de emergencia o endeudamiento excesivo”, afirmó durante la presentación en la sede legislativa, rodeado de funcionarios y congresistas.
Entre los aspectos que más llaman la atención está la extensión del IVA, con una base más amplia que promete recaudar más de 1,3 billones de pesos en 2026, a través de la reducción de exenciones que hoy benefician a diversos sectores. En paralelo, el proyecto introduce nuevos tributos ambientales y minero-energéticos, incluyendo cobros por emisiones de carbono y la explotación de combustibles fósiles, una señal clara de la intención gubernamental de alinear la política fiscal con la transición energética y las metas climáticas globales.
El régimen sobre el impuesto de renta también sufre ajustes, planteando una mayor progresividad: se grava con mayor intensidad a quienes poseen altos ingresos y patrimonios, mientras que se propone una reducción escalonada de la tarifa para las personas jurídicas, con la particularidad de mantener exentos a sectores asociados al carbón y al petróleo, un guiño que no ha pasado desapercibido en la opinión pública.
Por ahora, la iniciativa abrió un campo de discusión donde el peso de la responsabilidad social y económica se pone en tensión con intereses particulares y debates ideológicos. ¿Podrá este gran pacto fiscal convencer a un Congreso fragmentado? ¿Será suficiente para afianzar la sostenibilidad financiera que el país demanda? Mientras tanto, la ciudadanía observa con cautela cómo se escribirá el próximo capítulo en la historia económica de Colombia.
