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Audiencias por presunta corrupción involucran a exfuncionarios de Daniela Quintero en Medellín
En las últimas horas, se adelantan varias audiencias judiciales en Medellín para investigar contratos irregularidades y casos de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el período de la alcaldía de Daniel Quintero Calle (2020-2023), con imputaciones a exdirectivos y funcionarios. Estas diligencias judiciales abarcan contratos por más de 18.000 millones de pesos, bajo peculado y contratos sin los requisitos legales, según informó la Fiscalía General de la Nación.
Las audiencias, que se extienden desde el lunes 26 de enero hasta el próximo 26 de febrero, involucran a Juan David Palacio, exdirector del AMVA (2020-2023), Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras de la entidad. Los contratos investigados incluyen mantenimiento del Parque de las Aguas y convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, caracterizados por adjudicaciones directas, sobrecostos y sin cumplimiento con procesos de contratación establecidos, lo que habría generado perjuicio a la financiación pública.
“Los contratos presentaban una comisión del 20% en valores, de los cuales el 10% sería para Miguel Quintero, hermano del exalcalde, que no tenía cargo en ninguna entidad oficial,” informó un testigo protector de la Fiscalía. La Fiscalía recalcó que fue demostrado el modus operandi a través de chats de WhatsApp aportados durante el proceso, así como la proliferación del mecanismo ilícito en otras entidades como Metroparques e Inder. También declararon que estas redes permitían la selección de funcionarios y particulares afines para la distribución ilegal de este dinero.
Desde el 26 de enero de 2026, el Juzgado 27 Penal Municipal analiza la solicitud de tipificación de los acusados como Grupo Delictivo Organizado. Los implicados, que incluyen además a Elkin González, exsubdirector de Bomberos de Itagüí, y María Yaneth Rúa, investigados buscan confirmar el desaforo criminal en contratos que suman más de 17.000 millones de pesos, con cerca de 2.481 millones en detrimento directo. Parte de estos fondos se dirigían presuntamente a campañas políticas, afecta más amplio ya en investigación por procuraduría y Fiscalía en penas cuotas de hasta 569.000 millones en contratos interadministrativos.
Frente a estos hechos, el actual alcalde Federico Gutiérrez se pronunció mediante redes sociales haciendo un llamado contundente; “Deben ir a la cárcel. Este es el principio de su fin.” Mientras tanto, la Fiscalía anuncia que podrían darse nuevas imputaciones a medida que se solidifica la investigación, y calcula que el impacto económico en contratos bajo observación ascendería a 200.000 millones.
Daniel Quintero, precandidato presidencial, rechazó todas las alegaciones calificándolas de “persecución política”, en medio de la continuidad de un proceso judicial abierto y que promete nuevos revelaciones sobre la estructura criminal construida durante su administración. Las autoridades mantienen atención en el caso y fuerzas el cumplimiento de la ley.
La comunidad y sectores institucionales continúan pendientes al desarrollo de estas audiencias que reflejan un profundo impacto al patrimonio público regional. La Fiscalía recomienda mantenerse atentos a las denuncias y cooperar con toda información que pueda contribuir a desmantelar esta posible organización criminal.
