Cortesía Nos Cogió la Noche
El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,8 % en el salario mínimo para el año 2026, fijándolo en 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte de 249.095 pesos, medida que beneficia a cerca de 2,4 millones de trabajadores formales.
Este giro en la política salarial fue anunciado el 29 de diciembre desde Bogotá, basado en estándares internacionales de un salario vital para familias de tres a cuatro miembros. Petro defendió el incremento como un mecanismo para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida, asegurando que “entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”. El decreto supera la oferta sindical del 16 % y llega tras la caída de la concertación tripartita el 15 de diciembre, siendo el aumento más grande registrado en Colombia en más de una década.
Críticas llegan desde expertos y gremios como Andi y Fenalco, que advierten posibles impactos negativos en la inflación, en la generación de empleo y la productividad, principalmente afectando a las pequeñas y medianas empresas. Bancolombia calcula que el aumento elevará el índice de precios al consumidor a un 5 % al cierre de 2026, desplazándose del rango meta del Banco de la República, lo que podría incidir en incrementos en las tasas de interés. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo mencionó la intención de demandar la medida por superar la productividad y amenazar el equilibrio económico a largo plazo.
Tras esta medida, analistas coinciden en señalar el riesgo de aumentar la informalidad y comparar malas experiencias, como la de Venezuela allá por 2011, cuando aumentos exagerados incidieron en graves desequilibrios económicos. Además, se menciona el impacto en servicios estratégicos, con posibles subidas en transporte urbano y alimentación que afectarían el poder adquisitivo real de las familias.
Ante esta situación y en pleno año electoral, la Alcaldía y طرح las autoridades jurídicas están en alerta frecuente para atender cualquier demanda constitucional que involucre proporcionalidad entre salario e productividad, y facilitan la circulación de la opinión pública respecto a las repercusiones sociales y económicas que esta decisión genera.
