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Las autoridades británicas y colombianas avanzan en el proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá. Guzmán fue rescatada con vida del río Támesis en Londres y se encuentra bajo custodia médica mientras se activan los mecanismos de cooperación judicial internacional y se evalúa su extradición o deportación a Colombia.
El rescate ocurrió la mañana del martes 16 de diciembre cerca del puente de Battersea. Hacia las 6:45 a.m., la Policía Metropolitana fue alertada y encontró a Guzmán intentando posiblemente atentar contra su vida, situación que motivó la intervención de la Unidad de Policía Marítima a las 7:14 a.m., quien la llevó a un hospital donde sus lesiones fueron calificadas como no letales. La mujer, aproximada a los 50 años, había ingresado al Reino Unido el 11 de noviembre, a pesar de contar con una circular roja de Interpol y una orden de captura emitida por la justicia colombiana.
Según información de fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación y a Interpol Colombia, Guzmán permanece en atención médica, pero su detención ya se formalizó en territorio británico. La notificación roja tendrá plena vigencia cuando sea dada de alta, paso que permitirá iniciar las audiencias correspondientes mediante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Londres, afirmó que «Zulma Guzmán será judicializada en suelo británico de inmediato una vez finalice su hospitalización», y destacó la coordinación que lidera Interpol entre ambas autoridades.
La Fiscalía y el Ministerio de Justicia en Colombia trabajan conjuntamente para adelantar los trámites de cooperación judicial internacional, con base en las investigaciones por doble homicidio agravado y tentativa de homicidio. Los cargos están vinculados al envenenamiento con talio ocurrido el 4 y 5 de abril, que afectó a tres menores y un joven de 21 años, ocurrido en un domicilio del norte de Bogotá. Expertos en derecho internacional alertaron que los procesos de extradición o deportación podrían extenderse entre ocho meses y un año, debido a evaluaciones sobre la salud mental y su estado migratorio.
La recomendación para la comunidad ante esta situación judicial es estar atenta a las informaciones oficiales mientras se desarrollan los procedimientos legales. Se sigue de cerca este caso que conecta ambas jurisdicciones y tendrá implicaciones para las víctimas de este severo envenenamiento.
