📸 Cortesía: Senado de la República
Decreto 0799 de 2025 genera polémica por cambio en competencia de tutelas contra el presidente
El pasado 9 de julio, el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Justicia firmaron el Decreto 0799 de 2025, que modifica la competencia para resolver tutelas contra el mandatario, quitándola exclusivamente al Consejo de Estado y asignándola a jueces de circuito. Esta medida generó una fuerte polémica política en Colombia, con críticas contundentes de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.
El decreto fue explicado el lunes 14 de julio por el Gobierno, que señaló que su objetivo es reforzar la imparcialidad estructural del sistema judicial y evitar la concentración de poder en una sola corporación. Según el Ministerio de Justicia, la medida se ajusta al artículo 86 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a presentar tutela en cualquier momento y lugar. El presidente Petro defendió la norma asegurando que “el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República”, calificando esta disposición como un acto de democracia y justicia.
La senadora Cabal respondió de forma directa y crítica, diciendo: “Ay no, Petro, no sea tan mentiroso. Usted tuteló en la Corte Constitucional, el tribunal de más alta jerarquía, para evitar que el Consejo Nacional Electoral lo investigara cuando lo pillaron con 5.000 millones de pesos que su campaña superara los topes.” Además, señaló que la transferencia de competencia a jueces de circuito busca evadir mecanismos de control más estrictos. También recordó que Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol, está involucrado en investigaciones por presuntas irregularidades en financiación electoral.
Ante esta controversia, se espera que el tema sea discutido en próximas sesiones del Congreso y que la ciudadanía esté atenta a las reformas que afectan la transparencia y control político en procesos judiciales contra altos funcionarios. La Alcaldía y otras entidades recomiendan seguir de cerca las decisiones en Justicia para asegurar el respeto al debido proceso y la participación ciudadana.
