📸Imagenes Cortesía: Colprensa
«`html¿PAZ CON SOMBRAS? LA POLÉMICA QUE SACUDE A MEDELLÍN
Un encuentro que enfrenta la esperanza con la controversia.
El 21 de junio de 2025, en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, un evento oficial reunió a actores que para muchos deberían estar lejos de la escena pública. Allí, reconocidos líderes criminales condenados, integrantes de estructuras ilegales como la Oficina de Envigado y La Terraza, fueron presentados en tarima durante el “Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”, un acto impulsado por el Gobierno nacional.
El presidente Gustavo Petro defendió esta controvertida presentación. En un Consejo de Ministros celebrado en la Casa de Nariño pocos días después, describió la escena como una expresión transparente del proceso. Petro explicó que sacar a la luz y a la vista pública a quienes estaban presos forma parte de un esfuerzo por construir un pacto de paz en los barrios de Medellín, revelando, dijo, una voluntad de cambio tangible.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. La precandidata presidencial Vicky Dávila, líder del movimiento independiente Valientes, respondió con dureza en su cuenta de X. Para ella, bandido es bandido hasta el último suspiro. Su rechazo a la normalización de la presencia de exjefes criminales en actos oficiales es rotundo. Dávila enfatiza que defender la legalidad y la justicia es fundamental para Colombia y que no se puede justificar la inclusión de antiguos delincuentes en escenarios institucionales, por importantes que sean los objetivos de paz.
Este episodio deja en evidencia las tensiones entre la búsqueda de reconciliación social y la demanda ciudadana de respeto a la justicia. ¿Qué significa permitir que figuras condenadas aparezcan en espacios oficiales?
Para el Gobierno, es un paso necesario para desarticular estructuras violentas desde dentro. Para la oposición y amplios sectores de la sociedad, plantea la inquietante pregunta sobre los límites del perdón y la reparación en una democracia.
Mientras tanto, el debate en Medellín y en todo el país apenas comienza. La ciudadanía observa con atención y expectante espera que las instituciones logren esclarecer hasta dónde puede llegar la política de paz sin sacrificar el principio de legalidad.
¿Podrá Colombia encontrar un equilibrio entre la reconciliación y la justicia o acaso la sombra de la impunidad seguirá proyectándose sobre sus esfuerzos?
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