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En Barbosa, Santander, la realización de una corrida de toros el 1 de enero de 2026 generó una fuerte confrontación social y protestas tanto de animalistas como de políticos locales. El evento fue organizado por la Alcaldía de Barbosa y se dio pese a una advertencia preventiva de la Procuraduría emitida días antes, desencadenando enfrentamientos verbales y físicos en las calles.
La corrida se llevó a cabo en el marco de las ferias locales después de varios años sin eventos taurinos en la ciudad. Entre los sectores manifiestos contra la actividad estuvieron los colectivos animalistas, ambientalistas, el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano y el concejal Camilo Machado. Denunciaron presunto maltrato animal, incluyendo golpes propinados a un toro, así como la presencia de menores de edad en un espectáculo donde su acceso está prohibido por ley.
Videos publicados en redes sociales mostraron al alcalde Marco Alirio Cortés al parecer en estado de embriaguez, en medio de los hechos, profiriendo insultos a los manifestantes con expresiones homofóbicas y realizadas gestos intimidantes como simulación de pistola. Manifestantes respondían a estas actitudes con consignas ofensivas tales como “asesino”. Durante la refriega, asistentes a la corrida lanzaron objetos como latas y botellas a los protestantes, situación que requeriría intervención policial para garantizar la seguridad.
La senadora Andrea Padilla procedió formalmente ante la Procuraduría y Contraloría para denunciar al alcalde Cortés por promover un espectáculo “bárbaro” que va en contra de la Ley 2485 de 2024, conocida como “No más olé”. Esta norma, respaldada por la Corte Constitucional en 2025, prohíbe corridas y espectáculos similares en municipios sin arraigo taurino, situación que Brown puso de manifiesto al argumentar que Barbosa solo ha tenido algunas festividades tradicionales y no corridas regulares.
Por su parte, la Alcaldía describió la corrida como una manifestación cultural y un impulso económico para la región, argumentando que cuenta con respaldo legal a través de un decreto local. Sin embargo, el alcalde Cortés no ha entregado declaraciones oficiales luego de los eventos. Igualmente, 370 comerciantes de la plaza de mercado denunciaron desalojos para la realización de una exposición equina programada para el día siguiente, alertando sobre perjuicio económico.
Ante la situación, la Procuraduría abrió expediente disciplinario contra el mandatario local por posibles faltas como instigación a la violencia, estigmatización y vulneración del derecho a la protesta pacífica, mientras la Fiscalía investigará penalmente. La presión política y ciudadana reclama sanciones ejemplares frente a la polarización que generó la situación, vinculada tanto a la defensa de tradiciones como a la preocupación ciudadana por el maltrato animal.
Las autoridades locales hacen un llamado a mantener la calma y garantizar el orden público en lo que se espera sea una resolución a la controversia en próximos días.
