Prensa Ministerio del Interior
Ministro Armando Benedetti denuncia espionaje en su celular con software Pegasus
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reportó la intervención de su teléfono personal con el software espía Pegasus, según informó tras un análisis técnico realizado la semana pasada por un investigador privado especializado en seguridad digital. Ante esta denuncia, se genera una nueva preocupación sobre la seguridad en las comunicaciones de altos funcionarios en Colombia.
El hallazgo fue confirmado tras un peritaje detallado que inició el miércoles anterior en la noche y culminó el sábado. Según Benedetti, un experto conectó su celular a un software especializado y logró detectar la presencia del virus malicioso. “En mi teléfono se encontró, por parte de un técnico experto, con un software especializado, el virus malicioso de Pegasus, que puede intervenir mi dispositivo a través de una llamada perdida”, explicó. El informe técnico entregado el martes próximo contó con evidencia electromagnética documentando la infiltración.
Pegasus es un sistema de vigilancia avanzado, cuyo costo promedio ronda los 10 millones de dólares, y que solo está disponible para gobiernos. La herramienta permite convertir un teléfono en una cámara y micrófono permanente, captando sin consentimiento “todo lo que yo hago con el dispositivo”, alertó el ministro. Béléndetti relacionó esta vulneración con otros hechos recientes como sobrevuelos de helicópteros cerca de su residencia, su vinculación en la lista OFAC y un allanamiento derivado de órdenes de la Corte Suprema en noviembre.
En su defensa, Benedetti informó que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación con el informe y las evidencias para que se inicien las indagaciones correspondientes. Decidió contratar apoyo privado debido a la falta de confianza en las entidades estatales para realizar este tipo de investigaciones técnicas. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó la acción como “una interceptación ilegal” y exigió esclarecer la autorización de este espionaje. Las autoridades judiciales buscan determinar si la acción fue cometida por estructuras criminales, redes de inteligencia no autorizadas o agentes externos.
La denuncia intensifica el debate sobre la privacidad de altos funcionarios y pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles en herramientas digitales y de inteligencia disponibles en el país. Se esperaba pronta respuesta de los organismos encargados para clarificar los hechos y evitar nuevas violaciones a la intimidad de servidores públicos.
