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¿Consulta popular o pulso institucional?
Este viernes 6 de junio, en la ciudad amurallada de Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo una declaración destinada a calmar las aguas revueltas en torno a la convocatoria gubernamental de una consulta popular. “El gobierno acata cualquier fallo o decisión de las cortes”, afirmó con solemnidad durante la convención de Asobancaria, frase que no solo reafirma el respeto formal a las instancias judiciales, sino que intenta atemperar una crisis política que amenaza con erosionar la confianza institucional.
La génesis de esta controversia hunde sus raíces en la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de expedir un decreto para convocar a la consulta popular, a sabiendas del rechazo explícito del Senado a esta iniciativa. El objetivo oficial: reactivar una reforma laboral que fracasó en el Congreso. Pero lo que parecía un mecanismo para sortear bloqueos legislativos, se ha convertido en un pulso donde se cuestiona la legalidad y legitimidad del Ejecutivo. La oposición no ha dudado en calificar la maniobra como un “golpe de Estado”, acusando al Gobierno de desconocer la potestad del Senado como órgano legislativo.
En su defensa, Benedetti reveló que el decreto será entregado al Corte Constitucional para su evaluación y hoja de ruta jurídica. “Nosotros remitiremos el decreto que se firmaría en estos días a la Corte Constitucional, o sea, no pueden decir que el gobierno está haciendo un golpe de Estado”, puntualizó. Así, intenta desarmar la narrativa que pone a la institucionalidad en jaque y, a la vez, prepara al público para esperar que la verdad jurídica solo emergerá tras el dictamen del alto tribunal.
Sin embargo, la trama se complicó aún más el pasado 3 de junio cuando el Consejo de Estado emitió un auto que reafirma el carácter definitivo del rechazo senatorial, señalando que el Ejecutivo no está facultado para convocar la consulta sin aval legislativo. Este pronunciamiento no solo pone en entredicho la validez del decreto sino que muestra la fractura dentro del entramado institucional, donde la interpretación de las competencias de cada rama parece ser motivo de disputa abierta.
El presidente Petro, a través de sus redes sociales, insiste en que la última palabra debe corresponder al Tribunal Constitucional, en un gesto que invita a seguir las vías formales pero que no esquiva la creciente incertidumbre sobre si la democracia en Colombia está en un punto de inflexión. ¿Será posible que el país encuentre una solución dentro del cauce institucional o este episodio marcará un precedente que dilate aún más los procesos de reforma social tan urgentes? Por ahora, la pregunta queda suspendida en el ambiente, mientras la ciudadanía observa con atención y cierta inquietud cómo se entrelazan la política, la justicia y la legitimidad.
